LA PARABOLA YPEFIANA

Estoy de acuerdo con la declaración de utilidad pública y expropiación del 51% del paquete accionario de YPF, que es el camino de la recuperación de una herramienta central para la regulación de los mercados de hidrocarburos: una empresa petrolera estatal. El sector energético fue desarticulado mediante la privatización y desregulación llevada a cabo durante la década del ’90, y que tuvo como protagonistas a no pocos funcionarios del actual gobierno. Ni México, ni Brasil, ni Venezuela, durante los años de hegemonía neoliberal, privatizaron sus petroleras estatales.

Privatización que tuvo como consecuencia una gigantesca transferencia de la renta petrolera a empresas privadas extranjeras y una política de explotación indiscriminada de reservas en pos de la exportación y obtención de ganancias extraordinarias en detrimento del autoabastecimiento energético interno y la promoción del desarrollo nacional.

La producción de petróleo cae desde hace 14 años y la de gas desde hace 7, las reservas se desmoronan estrepitosamente desde hace una década. Las importaciones han adquirido un volumen insostenible. La apuesta a reservas no convencionales (shale gas y shale oil) que se anunciaron en los últimos tiempos no es suficiente. Mientras tanto, la rentabilidad de las siete multinacionales que concentran el 92% de la producción de petróleo ha sido escandalosa.

Esta decisión del Gobierno nacional es la contracara de la equivocada política que llevó adelante en los últimos 8 años, que profundizó y consolidó la política energética del neoliberalismo, y que en un escenario de restricciones presupuestarias (donde las importaciones ya no son una opción) ha hecho eclosión.

El Gobierno, quien es legalmente el responsable de fijar la política nacional de hidrocarburos y de controlar a las empresas que han recibido millonarios subsidios, recurrió a diversas herramientas para hacer frente a la crisis energética, fundamentalmente a las importaciones crecientes y los programas de incentivos y exenciones fiscales para la explotación, exploración y refinación (Petróleo Plus y Refino Plus, recientemente derogados), que implicaron millonarios subsidios, con escasos resultados. ENARSA, a pesar de los objetivos esgrimidos para su creación, no ha aportado al desarrollo de una industria petrolera estatal, limitándose casi exclusivamente a importar grandes cantidades de gas natural y de gas oil con destino al sector del transporte. Además, la empresa, que es titular de la totalidad de los derechos en la plataforma continental, ha dejado la exploración en manos privadas, sin resultados significativos.

Este mismo gobierno, defendiendo un supuesto proceso de “argentinización” de YPF, posibilitó que REPSOL transfiriera la mayoría de sus ingresos a la casa matriz. En consecuencia, la distribución de dividendos entre 2008-2011 fue de un promedio de 140%, es decir de una suma superior a las utilidades de esos ejercicios, avalando así el gobierno una transferencia de ganancias hacia el exterior y una reducción significativa de las inversiones de la empresa en el país.

Por otra parte, a través de la llamada “ley corta” (Ley 26.197) la Nación resignó el dominio jurisdiccional de los yacimientos a favor de las provincias que tienen la fortuna de estar geográficamente emplazadas sobre millonarias reservas. El resultado, que anticipamos al fundamentar el único voto negativo a dicha ley en la sesión del 22 de noviembre de 2006 en el Senado de la Nación, fue una suerte de segunda privatización encubierta que permitió que algunas provincias extendieran concesiones vigentes hasta un plazo de 40 años. Sólo 5 años después, vimos como cínicamente provincias que hace unos pocos años prorrogaron escandalosamente las concesiones a favor de empresas que nunca cumplieron los contratos vigentes, hoy revierten algunas de estas concesiones aduciendo precisamente la falta de inversiones comprometidas.

Después de 8 años de gestión, la sistemáticamente negada crisis energética ha sido blanqueada por el gobierno nacional. Asistimos hoy en este sentido a la “crónica de una muerte anunciada”, al fracaso de las políticas neoliberales en materia de hidrocarburos que este gobierno perpetuó durante los últimos años.

La recuperación del poder de decisión de YPF debe ser el punto de partida para avanzar en la formulación de un nuevo rol del Estado en materia de política energética e hidrocarburos. Política que deberá garantizar el funcionamiento del mercado de hidrocarburos con el Estado como rector en la materia, el abastecimiento interno, la preservación de las reservas, la defensa de los consumidores, el cumplimiento de las inversiones y los contratos vigentes, la promoción de la exploración y la sanción de un nuevo marco regulatorio que garantice la explotación racional y sustentable de los recursos.

UNA LEY DE TERROR

Hace cuatro años fui el único senador en votar en contra de la llamada “ley antiterrorista” que, con la sanción de una norma complementaria días pasados, profundizó su inconstitucionalidad, abriendo la puerta a la criminalización de la protesta social. Es positivo que hoy, muchos reparen acerca del retroceso en materia de derechos humanos que significa esta norma enviada al Parlamento por un gobierno que reivindica avances importantes en ese campo.

En primer lugar, se cede soberanía ante las “presiones” de un organismo internacional como el GAFI (Grupo de Acción Financiero Internacional), del cual Argentina forma parte junto a otros países y al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. A partir del 2001 con el atentado a las torres gemelas, el GAFI elaboró una serie de “recomendaciones” para el combate de los delitos terroristas que se encuentra impregnada de la matriz ideológica de la llamada “Acta Patriótica” de George W. Bush.

En segundo lugar, la ley antiterrorista sancionada establece figuras penales tan amplias, con una referencia tan difusa y ambigua al terrorismo, que termina apelando a una figura de “peligro abstracto”, es decir, a una técnica de tipificación que constituye, por excelencia, el modo de criminalizar comportamientos lejanos a la afectación concreta de un bien jurídico Un tipo penal tan abierto que deja la posibilidad de que dirigentes sociales, políticos, o periodistas puedan ser acusados de “aterrorizar a la población”.

Bajo la premisa de ganar eficacia en la lucha contra la delincuencia, se sacrifican entonces  principios y disposiciones de orden constitucional. La ley plantea una situación paradójica, se pretende esgrimir que al estado de derecho se lo defiende mediante su negación en ciertos supuestos. El resultado es ampliamente conocido, y respaldado empíricamente: ni respeto a los principios, ni eficacia en la reducción o control del delito.

Esta ley resulta por ello innecesaria e inconveniente. Innecesaria porque entendemos que no hay vacío normativo en la materia, ya que nuestro código penal tipifica de forma detallada y con penas elevadas delitos contra el orden público y la seguridad pública. Inconveniente porque debilita garantías constitucionales, convirtiéndose en posible instrumento de persecución de conductas que no tienen relación con el objeto invocado para la regulación.

En definitiva, el riesgo latente es la criminalización de la protesta social, como pasó en Chile con la comunidad mapuche, que desató una grave crisis política, y que a raíz del hecho dicho país enfrenta una posible condena ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Toda política criminal democrática supone el principio de prudencia y responsabilidad; sin embargo, la ambigüedad de la normativa nos introduce inevitablemente en el campo de la arbitrariedad de la autoridad judicial.

Los defensores de la norma incurren por ello en un grave error. No será el gobierno nacional el encargado de aplicar la ley, sino los jueces. Sostener entonces que este gobierno no va a criminalizar la protesta social es un argumento insustancial. 

SERÍA MEJOR CONTRADECIR A “EL GATOPARDO”

Un reciente informe elaborado por el Instituto Argentino de Mercado de Capitales detalla el ranking de las empresas que más ganancias obtuvieron durante el primer semestre de este año.

Sobre una muestra total de 72 empresas que operan en la Bolsa, las petroleras, los bancos y las empresas de telecomunicaciones concentraron el 75 % de la rentabilidad total, es decir, $ 8.331 millones sobre un total de $ 11.141 millones.

De esta forma, en el período comprendido entre 2008 y el primer semestre de 2011, las ganancias acumuladas por las petroleras totalizan $ 18.739 millones, las ganancias de los bancos ascienden a $ 14.006 millones, y en el caso de las telefónicas a $ 8.360 millones. Es decir, utilidades que en un periodo de sólo dos años, oscilan entre el 75 % y el 150 %. Debe decirse además que de las cinco primeras empresas con mayor rentabilidad, cuatro son extranjeras.

Las frías estadísticas muestran en forma contundente que desde las “reformas económicas” neoliberales de la década del ’90, los ganadores siguen siendo los mismos.

Así como los ganadores no han cambiado a pesar del “cambio de modelo”, los perdedores tampoco son diferentes a pesar del paso del tiempo y el cambio de ropajes: el 50 % de los trabajadores que están en negro y no salen de la precarización; más de cuatro millones de jubilados que cobran la mínima y viven por debajo de la línea de pobreza; los sectores populares y medios de la población que siguen con la vivienda lejos de su alcance.

El país creció de manera inédita en los últimos años a tasas muy altas y esto significó la producción de mucha riqueza. La pobreza, la indigencia y el desempleo han bajado, y ello es muy importante, pero si no hay reformas económicas estructurales que tengan como eje una reforma tributaria integral es evidente que la mayor parte de la torta se la seguirán llevando los de siempre.

Hablamos de gravar la renta financiera, petrolera y minera, establecer marcos regulatorios de los servicios públicos y eliminar el IVA a los productos de la canasta básica de alimentos. Para poder contradecir así al aristócrata Príncipe Salina en El Gatopardo de Lampedusa, cuando sostiene que “es necesario que todo cambie si queremos que todo siga como está”.

No leyeron "Los Miserables"

A las manifestaciones de jóvenes sin trabajo, sin educación y sin futuro, que días pasados sacudieron a Gran Bretaña se les respondió con represión primero y después con las palabras del ministro conservador David Cameron: “todo el que haya sido violento debe ir a la cárcel”. Marcaba así el camino a una justicia que en un país cuna de la democracia debiera preciarse de independiente.

Con presteza el juez Elgan Edward de Cheshiere tras determinar una pena dijo: “las sentencias deben asustar”. Así Anderson Fernandes de veintidós años por robar dos conos de helados enfrenta una pena de varios meses en prisión, Nicolas Robinson de veintitrés está sentenciado a seis meses tras las rejas por robar dos botellas de agua mineral de un supermercado que tienen un costo de cuatro euros; Ursula Nevin madre de dos niñas con residencia en Manchester está sentenciada a cinco meses de prisión por aceptar de una amiga unos pantalones robados de un centro comercial. Todo ello en el marco de un superpoblamiento de las cárceles británicas.

Víctor Hugo terminó de escribir “Los Miserables” en 1862. Esta obra que describe las victimas de un orden social injusto es la historia de los desposeídos en la época posterior a la Revolución Francesa. Jean Valjean, personaje principal de la novela, fue a prisión diecisiete años por haber robado un pedazo de pan.

Un siglo y medio después, resulta aleccionador para la actual realidad la vigencia de lo que Víctor Hugo nos dejó a través de la literatura y que evidentemente no leyeron los ingleses por estos días. En otro pasaje de la novela que ayuda a concluir esta reflexión, el obispo Myriel expresaba: “si un alma sumida en sombras comete un pecado, el culpable no es el que peca, sino el que no disipa las tinieblas”. Es decir son los actuales gobernantes los responsables de dar una respuesta positiva a las justas demandas de los jóvenes en lugar de reprimirlos.

A ESTA PELICULA GRIEGA YA LA (VI)VIMOS

Las características de la crisis de la economía de Grecia tienen evidentes similitudes con la vivida en la Argentina previa al epílogo de la convertibilidad. Observamos entonces con profunda preocupación que las propuestas que la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional imponen a Grecia para enfrentarla son aquellas que durante años se aplicaron en nuestro país y solo lograron sumergirlo en la más catastrófica crisis económica y social jamás vivida en nuestra historia que culminó con el estallido del 2001.

Sin duda es una película vista. Conocemos su desarrollo y su triste final. Como la Argentina en los años noventa, la economía griega se encuentra atada a una moneda fuerte que no refleja la productividad de su economía. Desde su creación el Euro se aprecia constantemente y al no existir aumento de productividad en la misma escala en países no centrales del régimen europeo, sus economías pierden competitividad en el escenario internacional. La pérdida de competitividad, que la sufrió particularmente Grecia pero también otros países, se refleja en el creciente déficit de las cuentas externas que llegó a más del 11% del PIB.

Este déficit comercial se ha financiado durante años con deuda externa a bajas tasas de interés (“ventaja” obtenida por pertenecer a la Unión Europea). Sin embargo, al no solucionarse el problema estructural, Grecia ingresó, como sucedió con nuestro país, en un círculo vicioso generado por la trampa de la deuda: El creciente endeudamiento (superior al 150% del PIB) repercute en las cuentas fiscales que se deterioran. Así, al déficit externo se suma el déficit fiscal y da comienzo a la desconfianza internacional que corta las posibilidades de financiamiento. Sin financiamiento para solventar los déficits se desenlaza la crisis.

La propuesta es la conocida: ajuste fiscal para “enderezar” la economía. Las medidas tienen “parecidos de familia”: aumento de los impuestos al consumo, reducción de los salarios de empleados públicos, aumento de las edades jubilatorias, privatizaciones de empresas y servicios públicos, canje de deuda, entre las más ortodoxas del catálogo, con innovaciones curiosas como privatizar balnearios turísticos en las mejores playas griegas.

Vemos que se insiste en atacar las consecuencias y no las causas del problema. No será reduciendo sin criterio el sector público para paliar el déficit fiscal como se enfrenta esta crisis. Por el contrario, esta reducción del sector público impactará directamente en las condiciones económicas y sociales del pueblo griego. Su economía seguirá sumergida en una crisis de la que no encontrará salida y contará cada vez con menos instrumentos para enfrentarla.

Se debe atacar las causas que generaron esta situación vinculadas centralmente con la diferencia de productividad de la economía griega. Es necesario entonces impulsar la competitividad y productividad de su economía y eso no se logra cercenando el Estado, sino por el contrario con un Sector Público fuerte, eficiente que genere las condiciones sociales y económicas para que el país pueda insertarse plenamente en el marco de las economías más desarrolladas.

Por estas horas Estados Unidos para no entrar en cesación de pagos toma el mismo camino que Paul Krugman ha calificado como “catastrófico” porque aplica las mismas medidas del ajuste: “esos exigentes recortes del gasto de la actualidad son como esos médicos medievales que trataba al enfermo con sangrías y sólo conseguían enfermarlo aun más”.

Es una película que la vivimos y padecimos en América Latina y que hoy la viven y padecen también en el “Primer Mundo”.

ARMAGEDON

Las referencias bíblicas apelan en el libro del Apocalipsis al término “armagedón” para lo que podría interpretarse como la llegada del fin del mundo. Muchos economistas lo ubican el próximo 2 de agosto si el capitolio no aprueba una suba en el límite de la deuda, lo que implicaría que Estados Unidos se declarase en default.

¿Qué significaría que la potencia mas grande del mundo y primera economía del globo se declare en bancarrota? Primero, generaría la inestabilidad de la moneda –el dólar- en que se basa el sistema monetario internacional desde los acuerdos de Bretton Woods. Segundo, que uno de los principales refugios de inversión -sobre todo para los chinos-, que son los bonos de la reserva federal, no tendrán mayor garantía de reembolso.

Los republicanos del gran país del norte, en un ya clásico del neoliberalismo, desentendiéndose de las causas de la crisis, reclaman un recorte del “gasto social”, es decir, menos salud pública y menos seguridad social para los trabajadores. En otro clásico de sus libretos rechazan asimismo la aplicación de impuestos a los ricos. Seria la materialización de aquello de que la crisis “la paguen los que menos tienen” cuando en realidad las producen la irresponsabilidad de los que mas tienen. ¿Quién hizo mal las cuentas?

Es la crisis que golpea con similares características en Europa: crecimiento casi nulo, déficit fiscal alto, deudas impagables. Círculo vicioso al que el FMI responde con sus “recetas moderadas”: más ajuste fiscal. La moraleja que extraen de cada crisis es la misma, y brutalmente podría expresarse diciendo “los pobres no pueden pretender comer bien todos los días, tener educación, salud y vivienda digna”.

De la economía de casino y los inconmensurables gastos de la guerra nadie habla, en un mundo que cada vez es más rico y más injusto, más irracionalmente dilapidador, más loco y más absurdo.

Acerca de la crisis financiera mundial

“NO ES LA PRIMERA….. NO SERA LA ULTIMA”.

La crisis financiera en los Estados Unidos expresa el final del triunfo cultural de la ideología neoliberal: hasta los economistas más ortodoxos hoy piden, suplican, exigen la intervención del Estado para salvar el sistema financiero y coinciden –cínicamente- que esta situación fue producto de la falta de regulación.

No es el "fin de la historia”, no será seguramente el fin del capitalismo, ni siquiera todavía de su fase neoliberal, pero expresará un cambio de época, de paradigmas, de conceptos. Basta comparar que el Premio Nobel de Economía en el año 1976 fue otorgado al fundador de la corriente neoliberal estadounidense Milton Friedman quien ganó “prestigio” gracias a su teoría del monetarismo desarrollando el fundamentalismo de mercado; mientras que hace unos días el mismo Nobel fue otorgado a uno de sus críticos más acérrimos, Paul Krugmann.

La acumulación del capital es la esencia del capitalismo. Capitalismo y mercado son una sola y misma cosa, la tasa de rentabilidad el objetivo principal, el laissez-faire la ávida necesidad de la economía de mercado. Expansión inesperada y Apocalipsis inevitable grafican la historia de las crisis del capitalismo.

Adam Smith a fines del siglo XVIII escribió el famoso texto “La Riqueza de las Naciones” donde desarrolla las bondades de la mano invisible del mercado. La mano invisible es aquella que anda en el mundo económico de manera transparente y a la vez ciega articulando los intereses dispersos sin ningún tipo de intervención: no se necesita, ni se desea, que nadie fuera del proceso económico intervenga. Sin conocer a George Bush, Adam Smith escribió que es necesario que el soberano político, el gobernante, sea, pueda y deba ser ignorante para que no interfiera en el proceso económico.

Hoy, los neoliberales responsables de la crisis, sin sonrojarse, ni pedir perdón, le piden al Estado que den liquidez al sistema y restauren la confianza, es decir que los ciudadanos de a pie –como siempre- paguen la crisis. Los 800.000 millones de dólares del salvataje en EEUU (cifra similar al gasto militar en Irak) saldrán entre otros, del bolsillo de los plomeros y carpinteros estadounidenses de los que hablaba el Secretario del Tesoro norteamericano cuando justificaba la negativa de brindar asistencia a nuestro país al producirse la crisis del 2001 aduciendo que no serían ellos quienes pagarían la “fiesta”. En síntesis, apropiación concentrada de la riqueza en tiempos de expansión, socialización de las pérdidas en tiempos de crisis.

El neoliberalismo ganó la batalla cultural legitimándose como oposición a la política keynesiana, a los gastos sociales de guerra (Plan Beveridge) y al crecimiento de la Administración Federal de los EEUU producto de los programas sociales. La conjunción de recesión, inflación y desempleo significó el fin de una era del Estado de Bienestar y el comienzo de otra nueva era con la Escuela de Chicago como guía, el laissez faire en lo económico, y la descalificación del soberano en lo político como programa.

Luego de cuatro décadas el círculo se cierra de la peor manera. Si se tiene perspectiva histórica y un poco de imaginación, esta crisis abre un campo de posibilidades inmensa. Lo que hoy está en cuestión no se reduce a un poco más de regulación. El problema de fondo pasa por cuestionar a una política económica y social globalmente neoliberal, flagrantemente injusta por las desigualdades crecientes que produce y estruendosamente ineficiente por las crisis que provoca.

Sólo la política puede tomar las riendas ante el horizonte de recesión, desempleo y hambre que se avizora. Como lo señaló hace más de un siglo Jeremy Bentham las agendas económicas en el plano mundial y nacional de cada país deberán ser el pleno empleo, la estabilidad de los precios, el equilibrio de la balanza de pagos, el crecimiento del producto bruto interno, la distribución de los ingresos y las riquezas y la prestación de servicios sociales.

Se llevó al mundo a una economía de casino, de especulación y timba financiera. Escuchamos por estas horas a los economistas decir que esta crisis impactará dramáticamente en la “economía real”, es decir en el empleo, el comercio, la producción. Cabe preguntarse entonces si esta afirmación es la aceptación que la economía financiera, la de las bolsas, la especulativa, es la “no real”. “Burbuja” es el término de época, en los 90 fue la burbuja informática, hoy es la inmobiliaria, ¿cuál será la próxima?.

Pareciera que ha llegado la hora de decir “CHAU FRIEDMAN…..HOLA KEYNES”.