Estoy de acuerdo con la declaración de utilidad pública y expropiación del 51% del paquete accionario de YPF, que es el camino de la recuperación de una herramienta central para la regulación de los mercados de hidrocarburos: una empresa petrolera estatal. El sector energético fue desarticulado mediante la privatización y desregulación llevada a cabo durante la década del ’90, y que tuvo como protagonistas a no pocos funcionarios del actual gobierno. Ni México, ni Brasil, ni Venezuela, durante los años de hegemonía neoliberal, privatizaron sus petroleras estatales.
Privatización que tuvo como consecuencia una gigantesca transferencia de la renta petrolera a empresas privadas extranjeras y una política de explotación indiscriminada de reservas en pos de la exportación y obtención de ganancias extraordinarias en detrimento del autoabastecimiento energético interno y la promoción del desarrollo nacional.
La producción de petróleo cae desde hace 14 años y la de gas desde hace 7, las reservas se desmoronan estrepitosamente desde hace una década. Las importaciones han adquirido un volumen insostenible. La apuesta a reservas no convencionales (shale gas y shale oil) que se anunciaron en los últimos tiempos no es suficiente. Mientras tanto, la rentabilidad de las siete multinacionales que concentran el 92% de la producción de petróleo ha sido escandalosa.
Esta decisión del Gobierno nacional es la contracara de la equivocada política que llevó adelante en los últimos 8 años, que profundizó y consolidó la política energética del neoliberalismo, y que en un escenario de restricciones presupuestarias (donde las importaciones ya no son una opción) ha hecho eclosión.
El Gobierno, quien es legalmente el responsable de fijar la política nacional de hidrocarburos y de controlar a las empresas que han recibido millonarios subsidios, recurrió a diversas herramientas para hacer frente a la crisis energética, fundamentalmente a las importaciones crecientes y los programas de incentivos y exenciones fiscales para la explotación, exploración y refinación (Petróleo Plus y Refino Plus, recientemente derogados), que implicaron millonarios subsidios, con escasos resultados. ENARSA, a pesar de los objetivos esgrimidos para su creación, no ha aportado al desarrollo de una industria petrolera estatal, limitándose casi exclusivamente a importar grandes cantidades de gas natural y de gas oil con destino al sector del transporte. Además, la empresa, que es titular de la totalidad de los derechos en la plataforma continental, ha dejado la exploración en manos privadas, sin resultados significativos.
Este mismo gobierno, defendiendo un supuesto proceso de “argentinización” de YPF, posibilitó que REPSOL transfiriera la mayoría de sus ingresos a la casa matriz. En consecuencia, la distribución de dividendos entre 2008-2011 fue de un promedio de 140%, es decir de una suma superior a las utilidades de esos ejercicios, avalando así el gobierno una transferencia de ganancias hacia el exterior y una reducción significativa de las inversiones de la empresa en el país.
Por otra parte, a través de la llamada “ley corta” (Ley 26.197) la Nación resignó el dominio jurisdiccional de los yacimientos a favor de las provincias que tienen la fortuna de estar geográficamente emplazadas sobre millonarias reservas. El resultado, que anticipamos al fundamentar el único voto negativo a dicha ley en la sesión del 22 de noviembre de 2006 en el Senado de la Nación, fue una suerte de segunda privatización encubierta que permitió que algunas provincias extendieran concesiones vigentes hasta un plazo de 40 años. Sólo 5 años después, vimos como cínicamente provincias que hace unos pocos años prorrogaron escandalosamente las concesiones a favor de empresas que nunca cumplieron los contratos vigentes, hoy revierten algunas de estas concesiones aduciendo precisamente la falta de inversiones comprometidas.
Después de 8 años de gestión, la sistemáticamente negada crisis energética ha sido blanqueada por el gobierno nacional. Asistimos hoy en este sentido a la “crónica de una muerte anunciada”, al fracaso de las políticas neoliberales en materia de hidrocarburos que este gobierno perpetuó durante los últimos años.
La recuperación del poder de decisión de YPF debe ser el punto de partida para avanzar en la formulación de un nuevo rol del Estado en materia de política energética e hidrocarburos. Política que deberá garantizar el funcionamiento del mercado de hidrocarburos con el Estado como rector en la materia, el abastecimiento interno, la preservación de las reservas, la defensa de los consumidores, el cumplimiento de las inversiones y los contratos vigentes, la promoción de la exploración y la sanción de un nuevo marco regulatorio que garantice la explotación racional y sustentable de los recursos.
