POLÍTICA, JUEGO Y NEGOCIOS
Julián Martel en su novela “La Bolsa” describió a fines del siglo XIX las vinculaciones entre el juego, la política y las finanzas. Eran épocas de enriquecimiento fácil y rápido para quienes estaban alrededor del poder y de vida miserable para los sectores populares. El crack bursátil, la crisis económica y la decadencia del establishment , abrió paso a revueltas populares que tuvieron su síntesis en la Revolución del Parque.
Juan Balestra en su inventario “El Noventa” escribirá: “Ni las ciudades ni los campos, ni las entrañas de la tierra o de las montañas, las artes y las ciencias dejan de ser materia de sociedades anónimas, cuyas acciones se precipitan en la vorágine de la bolsa”.
En su magistral biografía de Juan B. Justo, Dardo Cúneo describirá aquellos años: “Una de las formas decisivas que asumen la colonización capitalista es la especulación desenfrenada. Los capitales son consagrados a la especulación, no se radica en empresas de producción, describen por el contrario la rápida pirueta del juego..” Por el puerto llegan los hombres nuevos… En la ciudad está surgiendo un clamor. Se define contra el unicato que el Presidente de la República ejerce…. Aristóbulo del Valle lo denunció desde su banca en el Senado: “Porque el Presidente de la República interviene personal, individualmente y fuera de la Constitución, en todos los actos de la vida política argentina, porque al Presidente de la República se le consulta para nombrar gobernadores y diputados y el Presidente dice si son o no de su simpatía; porque si se presenta un conflicto como el de Mendoza, la provincia cambia cuatro candidaturas para gobernador, con la anuencia y la consulta previa, por cuatro veces repetida, al Presidente de la República, porque si se trata de elegir un gobernador en Santa Fe, Santiago, Entre Ríos, Catamarca o cualquiera otra provincia argentina, incluso quizás la de Buenos Aires, también se le consulta al Presidente de la República y el Presidente de la República interviene en todas partes en esta forma familiar, incostitucional y violatoria de todos los principios y que suprime totalmente la vida federal”.
Entrando al siglo XX, en aquella Argentina en crisis, la movilización social abrirá el cauce en 1916 al primer gobierno en la historia electo por la voluntad popular.
La historia nunca se repite, sí deja muchas enseñanzas, la primera es que veinticinco años de democracia continuada indican un camino del nunca más a las horribles dictaduras militares que produjeron tanto dolor a millones de argentinas y argentinos y el despojo de nuestras riquezas.
Ezequiel Martínez Estrada quien se definía a sí mismo como “un puritano en el burdel” escribió "Radiografía de la Pampa" luego del golpe de Estado de 1930. Su imagen de puritano la daba al enterarse que el guardaespaldas del Presidente era a la vez levantador de juego. A partir de aquel golpe, el fraude patriótico,los prostíbulos y las mesas de juego que eran la expresión del burdel nacional, amplificaban su significado. En el Senado de la Nación en julio de 1935 un ex comisario, Ramón Valdés Cora, asesinaba a Enzo Bordabehere queriendo matar a quien denunciara el negociado de las carnes con Gran Bretaña, Lisandro de la Torre.
La rueda gobiernos democráticos-golpes de estado se sucedieron a partir de 1930, en 1955, en 1966 y 1976 demostrando siempre, que cada dictadura fué profundizando con respecto a la anterior en represión a los sectores populares y expoliación a los trabajadores y la riqueza nacional.
El país vive una larga transición democrática que terminará el día que asumamos vivir en un país normal. Ese camino debe recorrerse con transparencia y decencia en el manejo de lo público, con creciente participación ciudadana y con avances concretos y cotidianos en la justicia social.
Días pasado el Congreso transformó en ley el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que abre las puertas al blanqueo del lavado de dinero.
Hoy vivimos los tiempos de la globalización donde el tráfico de personas, de armas y de drogas son los delitos más deleznablemente rentables.
Abrir la puerta al blanqueo de capitales sin preguntar de dónde ni de quién vienen es abrir una puerta muy peligrosa, en una realidad donde el juego, la droga y la especulación financiera son moneda corriente.
Política y negocios son dos cuestiones diferentes, confundidas una con otras producen enriquecimiento rápido para algunos empresarios de una parte y para funcionarios públicos de la otra, nunca el bienestar para la sociedad.
La muestra palpable que las políticas neoliberales sólo produjeron mayores desigualdades y mayor miseria a los sectores populares abre una etapa de la necesaria presencia del Estado como regulador del mercado y generador de equilibrio distributivo. Algunos desde el Estado en la búsqueda de mayor acumulación del poder, no sólo borran fronteras con el mercado sino que ingresan en su dinámica y en su lógica: No existe diferencia entre la “caja neoliberal” o la “caja revolucionaria”, cuando los dineros públicos son destinados a otros fines no tiene otro nombre posible: es corrupción. La falta de transparencia aleja a la sociedad del Estado y de la política. La transparencia y la ética en la función pública es el prerrequisito para posibilitar la verdadera palanca de cambio posible en democracia: la participación ciudadana.
Lamentablemente el blanqueo de capitales avanza en la dirección contraria.
domingo, 28 de diciembre de 2008
martes, 21 de octubre de 2008
Acerca de la crisis financiera mundial
“NO ES LA PRIMERA….. NO SERA LA ULTIMA”.
La crisis financiera en los Estados Unidos expresa el final del triunfo cultural de la ideología neoliberal: hasta los economistas más ortodoxos hoy piden, suplican, exigen la intervención del Estado para salvar el sistema financiero y coinciden –cínicamente- que esta situación fue producto de la falta de regulación.
No es el "fin de la historia”, no será seguramente el fin del capitalismo, ni siquiera todavía de su fase neoliberal, pero expresará un cambio de época, de paradigmas, de conceptos. Basta comparar que el Premio Nobel de Economía en el año 1976 fue otorgado al fundador de la corriente neoliberal estadounidense Milton Friedman quien ganó “prestigio” gracias a su teoría del monetarismo desarrollando el fundamentalismo de mercado; mientras que hace unos días el mismo Nobel fue otorgado a uno de sus críticos más acérrimos, Paul Krugmann.
La acumulación del capital es la esencia del capitalismo. Capitalismo y mercado son una sola y misma cosa, la tasa de rentabilidad el objetivo principal, el laissez-faire la ávida necesidad de la economía de mercado. Expansión inesperada y Apocalipsis inevitable grafican la historia de las crisis del capitalismo.
Adam Smith a fines del siglo XVIII escribió el famoso texto “La Riqueza de las Naciones” donde desarrolla las bondades de la mano invisible del mercado. La mano invisible es aquella que anda en el mundo económico de manera transparente y a la vez ciega articulando los intereses dispersos sin ningún tipo de intervención: no se necesita, ni se desea, que nadie fuera del proceso económico intervenga. Sin conocer a George Bush, Adam Smith escribió que es necesario que el soberano político, el gobernante, sea, pueda y deba ser ignorante para que no interfiera en el proceso económico.
Hoy, los neoliberales responsables de la crisis, sin sonrojarse, ni pedir perdón, le piden al Estado que den liquidez al sistema y restauren la confianza, es decir que los ciudadanos de a pie –como siempre- paguen la crisis. Los 800.000 millones de dólares del salvataje en EEUU (cifra similar al gasto militar en Irak) saldrán entre otros, del bolsillo de los plomeros y carpinteros estadounidenses de los que hablaba el Secretario del Tesoro norteamericano cuando justificaba la negativa de brindar asistencia a nuestro país al producirse la crisis del 2001 aduciendo que no serían ellos quienes pagarían la “fiesta”. En síntesis, apropiación concentrada de la riqueza en tiempos de expansión, socialización de las pérdidas en tiempos de crisis.
El neoliberalismo ganó la batalla cultural legitimándose como oposición a la política keynesiana, a los gastos sociales de guerra (Plan Beveridge) y al crecimiento de la Administración Federal de los EEUU producto de los programas sociales. La conjunción de recesión, inflación y desempleo significó el fin de una era del Estado de Bienestar y el comienzo de otra nueva era con la Escuela de Chicago como guía, el laissez faire en lo económico, y la descalificación del soberano en lo político como programa.
Luego de cuatro décadas el círculo se cierra de la peor manera. Si se tiene perspectiva histórica y un poco de imaginación, esta crisis abre un campo de posibilidades inmensa. Lo que hoy está en cuestión no se reduce a un poco más de regulación. El problema de fondo pasa por cuestionar a una política económica y social globalmente neoliberal, flagrantemente injusta por las desigualdades crecientes que produce y estruendosamente ineficiente por las crisis que provoca.
Sólo la política puede tomar las riendas ante el horizonte de recesión, desempleo y hambre que se avizora. Como lo señaló hace más de un siglo Jeremy Bentham las agendas económicas en el plano mundial y nacional de cada país deberán ser el pleno empleo, la estabilidad de los precios, el equilibrio de la balanza de pagos, el crecimiento del producto bruto interno, la distribución de los ingresos y las riquezas y la prestación de servicios sociales.
Se llevó al mundo a una economía de casino, de especulación y timba financiera. Escuchamos por estas horas a los economistas decir que esta crisis impactará dramáticamente en la “economía real”, es decir en el empleo, el comercio, la producción. Cabe preguntarse entonces si esta afirmación es la aceptación que la economía financiera, la de las bolsas, la especulativa, es la “no real”. “Burbuja” es el término de época, en los 90 fue la burbuja informática, hoy es la inmobiliaria, ¿cuál será la próxima?.
Pareciera que ha llegado la hora de decir “CHAU FRIEDMAN…..HOLA KEYNES”.
No es el "fin de la historia”, no será seguramente el fin del capitalismo, ni siquiera todavía de su fase neoliberal, pero expresará un cambio de época, de paradigmas, de conceptos. Basta comparar que el Premio Nobel de Economía en el año 1976 fue otorgado al fundador de la corriente neoliberal estadounidense Milton Friedman quien ganó “prestigio” gracias a su teoría del monetarismo desarrollando el fundamentalismo de mercado; mientras que hace unos días el mismo Nobel fue otorgado a uno de sus críticos más acérrimos, Paul Krugmann.
La acumulación del capital es la esencia del capitalismo. Capitalismo y mercado son una sola y misma cosa, la tasa de rentabilidad el objetivo principal, el laissez-faire la ávida necesidad de la economía de mercado. Expansión inesperada y Apocalipsis inevitable grafican la historia de las crisis del capitalismo.
Adam Smith a fines del siglo XVIII escribió el famoso texto “La Riqueza de las Naciones” donde desarrolla las bondades de la mano invisible del mercado. La mano invisible es aquella que anda en el mundo económico de manera transparente y a la vez ciega articulando los intereses dispersos sin ningún tipo de intervención: no se necesita, ni se desea, que nadie fuera del proceso económico intervenga. Sin conocer a George Bush, Adam Smith escribió que es necesario que el soberano político, el gobernante, sea, pueda y deba ser ignorante para que no interfiera en el proceso económico.
Hoy, los neoliberales responsables de la crisis, sin sonrojarse, ni pedir perdón, le piden al Estado que den liquidez al sistema y restauren la confianza, es decir que los ciudadanos de a pie –como siempre- paguen la crisis. Los 800.000 millones de dólares del salvataje en EEUU (cifra similar al gasto militar en Irak) saldrán entre otros, del bolsillo de los plomeros y carpinteros estadounidenses de los que hablaba el Secretario del Tesoro norteamericano cuando justificaba la negativa de brindar asistencia a nuestro país al producirse la crisis del 2001 aduciendo que no serían ellos quienes pagarían la “fiesta”. En síntesis, apropiación concentrada de la riqueza en tiempos de expansión, socialización de las pérdidas en tiempos de crisis.
El neoliberalismo ganó la batalla cultural legitimándose como oposición a la política keynesiana, a los gastos sociales de guerra (Plan Beveridge) y al crecimiento de la Administración Federal de los EEUU producto de los programas sociales. La conjunción de recesión, inflación y desempleo significó el fin de una era del Estado de Bienestar y el comienzo de otra nueva era con la Escuela de Chicago como guía, el laissez faire en lo económico, y la descalificación del soberano en lo político como programa.
Luego de cuatro décadas el círculo se cierra de la peor manera. Si se tiene perspectiva histórica y un poco de imaginación, esta crisis abre un campo de posibilidades inmensa. Lo que hoy está en cuestión no se reduce a un poco más de regulación. El problema de fondo pasa por cuestionar a una política económica y social globalmente neoliberal, flagrantemente injusta por las desigualdades crecientes que produce y estruendosamente ineficiente por las crisis que provoca.
Sólo la política puede tomar las riendas ante el horizonte de recesión, desempleo y hambre que se avizora. Como lo señaló hace más de un siglo Jeremy Bentham las agendas económicas en el plano mundial y nacional de cada país deberán ser el pleno empleo, la estabilidad de los precios, el equilibrio de la balanza de pagos, el crecimiento del producto bruto interno, la distribución de los ingresos y las riquezas y la prestación de servicios sociales.
Se llevó al mundo a una economía de casino, de especulación y timba financiera. Escuchamos por estas horas a los economistas decir que esta crisis impactará dramáticamente en la “economía real”, es decir en el empleo, el comercio, la producción. Cabe preguntarse entonces si esta afirmación es la aceptación que la economía financiera, la de las bolsas, la especulativa, es la “no real”. “Burbuja” es el término de época, en los 90 fue la burbuja informática, hoy es la inmobiliaria, ¿cuál será la próxima?.
Pareciera que ha llegado la hora de decir “CHAU FRIEDMAN…..HOLA KEYNES”.
miércoles, 20 de agosto de 2008
“TREN BALA: UNA NAVE ESPACIAL TIRADA POR CABALLOS”
“No hay que esperar, ni que desear, que los reyes filosofen ni que los filósofos sean reyes, porque la posesión del poder daña inevitablemente el libre juicio de la razón” Immanuel Kant.
Es evidente que desde cualquier perspectiva que se analice el proyecto de un tren bala en las actuales circunstancias del país suena irrazonable. Lo razonable es recuperar el ferrocarril porque es el sistema de transporte más conveniente en materia económica, social y medioambiental, entre otras. Desarrollar entonces, un sistema ferroviario moderno que integre todo el país, pensado para recuperar la función social que supo tener y la productiva y del turismo que ofrece a futuro es un desafío en un proyecto de nación ajustada a la realidad.
Hace apenas veinte años el sistema ferrovial estatal argentino comprendía 36.000 kilómetros de vías, en la mitad de los cuales se podía transitar entre 80 y 120 Km/h. Las políticas neoliberales de los noventa llevaron a reducir el sistema a sólo un veinte por ciento, es decir quedan sólo 7.000 kilómetros en los que no se puede circular a más de 50 Km/h.
Como consecuencia del desmantelamiento del ferrocarril, 80.000 familias perdieron su fuente de trabajo y un millón de habitantes de localidades del interior emigraron hacia las grandes ciudades.
El ferrocarril, al morir mataba la vida de centenares de pueblos que había hecho nacer.
El gobierno esgrime un argumento para la construcción del tren bala: “no nos costará un peso”, cuando se sabe que la emisión de bonos por parte del estado por varios miles de millones de pesos engrosará nuestra ya impagable deuda externa y terminará como siempre pagada por todos los argentinos.
Ayer, justificaban la privatización argumentando que los ferrocarriles le costaban al estado un millón de dólares diarios. Paradójicamente, los subsidios estatales para el servicio ferroviario en manos de privados superan los 2.500 millones de pesos, es decir, aproximadamente dos millones de dólares diarios. En otras palabras, el estado necesita hoy el doble de dinero para subsidiar el 20% de los ferrocarriles existentes antes de las privatizaciones para que la gente viaje en condiciones deplorables.
Evidentemente, la posesión del poder daña inevitablemente el libre juicio de la razón, o las decisiones se toman no en función del interés de los ciudadanos y del país, sino del gran negocio de los grupos económicos concentrados, siempre “amigos” del poder.
Resulta sorprendente que una serie de cuestiones centrales para la evaluación de la conveniencia de una inversión de esta magnitud, no estén aún definidas: la identificación del futuro operador del servicio, la estimación de las tarifas y la magnitud de los subsidios requeridos.
Más sorprendente aún es que una obra que deberá ser acompañada en su ejecución por varios gobiernos, cuente con el consenso nulo de los distintos sectores políticos y de la mayoría de la población.
El costo de la obra asciende a los 4.000 millones de dólares (se estima que puede llegar al triple de ese valor). Con 4.000 millones de dólares se podrían reponer 7.000 Km. de vías en los cinco corredores ferroviarios del interior del país y 12.000 Km. de ramales de carga.
Reparando la actual infraestructura de vías, con un tren diesel convencional se puede unir Rosario con Buenos Aires en un tiempo competitivo con el avión.
El Tren de Alta Velocidad funciona en muy pocos países desarrollados, ya que requiere del respaldo de un conjunto de desarrollos tecnológicos para su correcto funcionamiento. Sistema que funciona con gran demanda de energía en el marco actual de insuficiencia y crisis energética, y con altos subsidios del estado con el objeto de sostener tarifas a niveles competitivos con el transporte aéreo. Por ello justifica su alta inversión en tramos en que se transporta en promedio entre 6 y 9 millones de pasajeros anuales. Todas y cada una de estas cuestiones inexistentes en Argentina.
Para la realidad de nuestro país resulta claro que el Tren Bala, más que un “salto a la modernidad” sería una nave espacial tirada por caballos.
martes, 29 de julio de 2008
EL CONFLICTO AGROPECUARIO Y LA CAJA DE PANDORA
En la mitología griega, Pandora, fue la primera mujer sobre la Tierra, creada por el dios Vulcano a pedido de Zeus, quien deseaba contrarrestar la bendición del fuego que el Titán Prometeo le había robado a los dioses para entregárselo a los seres humanos. Pandora, dotada por los dioses de todos los atributos de la belleza y la bondad, fue enviada a Epimeteo, quien se sintió feliz de tenerla como esposa, aunque su hermano Prometeo le había advertido que no aceptase nada que viniese de Zeus.
Al ofrecer sus presentes a Pandora, los dioses le habían dado una caja, advirtiéndole que nunca la abriera. Su curiosidad, sin embargo, le hizo abrir la misteriosa caja, de la que brotaron innumerables males para la humanidad. Aterrorizada, intentó cerrarla, pero sólo quedaba Esperanza, lo único bueno entre los muchos males que contenía la caja para confortar a la humanidad en sus infortunios.
La Resolución 125 que disparó el conflicto entre el gobierno nacional y el sector agropecuario, abrió la “caja de Pandora” de cuyo interior brotaron cuestiones que no estaban en la agenda del gobierno y pasaron a ser de imprescindible debate de toda la sociedad: la regresiva distribución del ingreso, la inequitativa relación tributaria entre la Nación y las provincias y la metodología de concentración de poder a través de fondos públicos, además de la cuestión agropecuaria en sí misma.
Las retenciones son una herramienta de política económica para desacoplar los precios internos de los precios internacionales (también la aplican Ucrania y Rusia en cereales, Colombia y Guatemala en el café, etc.)y, para capturar una venta coyunturalmente extraordinaria privada por parte del Estado.
Las retenciones deben ser segmentadas y progresivas para no dar igual tratamiento al pool de siembra que al mediano y pequeño productor. En sí, no son progresistas; lo progresista en materia tributaria es bajar el IVA (impuesto indirecto al consumo que aportan fundamentalmente los sectores populares) y aumentar más el impuesto a las ganancias y a las rentas (impuestos directos que gravan a los que más tienen y más ganan). Sólo con una reforma tributaria en dicha dirección nuestro país saldrá de uno de los lugares peores en el mundo y dejará de tener una estructura anacrónica, centralista y regresiva.
Y la cuestión de la distribución del ingreso entró en el debate, porque en una Argentina que creció cinco años continuados al 9% del PBI, es decir que produjo mucha riqueza, la brecha de desigualdad se mantuvo en casi inalterables parámetros. Según datos oficiales, la brecha entre el 10% más rico y el 10% más pobre de la población es hoy de 28,7 veces, cuando hace 10 años era de 22,8 veces y en 1975 –antes que comenzara el cuarto de siglo neoliberal y la dictadura militar-, era de sólo 9,5 veces.
A contramano del discurso oficial, la actual situación favorece la concentración de la tierra y la “sojización”. Mientras cada año se alcanzan cosechas récord, la cantidad de productores disminuyó un 25%. La tendencia concentradora se agudiza: 2000 empresas controlan el 80% de la producción y, tres grandes empresas controlan más de la mitad de los embarques de granos, aceites y harinas. En los últimos cinco años aumentó la sojización y la tendencia al monocultivo se fortalece ante la inexistencia de políticas oficiales en apoyo y fomento de los cultivos alternativos, a actividades tradicionales como la lechería o a las economías regionales.
La motivación de la Resolución 125 fue claramente fiscal, derivada del crecimiento descontrolado del esquema de subsidios y de los vencimientos de la deuda externa. No estuvo entonces comprendida en una estrategia para el sector agropecuario que se asentara en el favorable contexto internacional y desarrollara una política sustentable a mediano y largo plazo, sobre todo para los pequeños y medianos productores y las economías regionales.
Las retenciones coparticipan a las provincias CERO PESOS CERO CENTAVOS. Esto explica en parte que hoy el gobierno nacional incumpla la ley de coparticipación federal que establece un piso de distribución del 34% de la masa total de recursos (se encuentra en sólo el 27% para las provincias cuando hace 10 años era del 60%).
Superávit fiscal alto en la Nación y déficit creciente en las provincias tienen estrecha relación entre sí.
Los derechos aduaneros formaron parte del debate mismo de la unidad de la Nación desde los tiempos de nuestra independencia y su federalización - lograr que dejen de ser el monopolio de Buenos Aires- se realizó en beneficio del interés de todo el país, es decir de todo su interior.
Finalmente, la cuestión de la metodología del gobierno nacional que concentra poder, disciplinando a través de los fondos públicos, se enlaza con la distribución inequitativa de los recursos. Por ello adquiere entidad la rejerarquización del Parlamento, o dicho de otro modo que finalice un “delegacionismo” de facultades que son propias del Congreso y que hoy concentra el Poder Ejecutivo debilitando así a la democracia.
“Esperanza” era entonces, según la mitología , quien podía alejar los infortunios. El conflicto agropecuario, de cuatro meses de duración, deja muchas lecciones para todos. El gobierno nacional – que fue quien más perdió- debe cambiar y marcar una agenda clara que se necesita para empezar a ser un país normal. La transparencia en el manejo de los dineros públicos y una mayor justicia social son puntos de referencia en un camino que desande el consenso perdido.
Las hegemonías construidas sólo a fuerza de concentración de fondos públicos, sin equidad, parecen omnipotentes pero son efímeras, porque cómo lo demostró Misiones, terminan cuestionadas socialmente, es un gran elefante con pie de barro.
Al ofrecer sus presentes a Pandora, los dioses le habían dado una caja, advirtiéndole que nunca la abriera. Su curiosidad, sin embargo, le hizo abrir la misteriosa caja, de la que brotaron innumerables males para la humanidad. Aterrorizada, intentó cerrarla, pero sólo quedaba Esperanza, lo único bueno entre los muchos males que contenía la caja para confortar a la humanidad en sus infortunios.
La Resolución 125 que disparó el conflicto entre el gobierno nacional y el sector agropecuario, abrió la “caja de Pandora” de cuyo interior brotaron cuestiones que no estaban en la agenda del gobierno y pasaron a ser de imprescindible debate de toda la sociedad: la regresiva distribución del ingreso, la inequitativa relación tributaria entre la Nación y las provincias y la metodología de concentración de poder a través de fondos públicos, además de la cuestión agropecuaria en sí misma.
Las retenciones son una herramienta de política económica para desacoplar los precios internos de los precios internacionales (también la aplican Ucrania y Rusia en cereales, Colombia y Guatemala en el café, etc.)y, para capturar una venta coyunturalmente extraordinaria privada por parte del Estado.
Las retenciones deben ser segmentadas y progresivas para no dar igual tratamiento al pool de siembra que al mediano y pequeño productor. En sí, no son progresistas; lo progresista en materia tributaria es bajar el IVA (impuesto indirecto al consumo que aportan fundamentalmente los sectores populares) y aumentar más el impuesto a las ganancias y a las rentas (impuestos directos que gravan a los que más tienen y más ganan). Sólo con una reforma tributaria en dicha dirección nuestro país saldrá de uno de los lugares peores en el mundo y dejará de tener una estructura anacrónica, centralista y regresiva.
Y la cuestión de la distribución del ingreso entró en el debate, porque en una Argentina que creció cinco años continuados al 9% del PBI, es decir que produjo mucha riqueza, la brecha de desigualdad se mantuvo en casi inalterables parámetros. Según datos oficiales, la brecha entre el 10% más rico y el 10% más pobre de la población es hoy de 28,7 veces, cuando hace 10 años era de 22,8 veces y en 1975 –antes que comenzara el cuarto de siglo neoliberal y la dictadura militar-, era de sólo 9,5 veces.
A contramano del discurso oficial, la actual situación favorece la concentración de la tierra y la “sojización”. Mientras cada año se alcanzan cosechas récord, la cantidad de productores disminuyó un 25%. La tendencia concentradora se agudiza: 2000 empresas controlan el 80% de la producción y, tres grandes empresas controlan más de la mitad de los embarques de granos, aceites y harinas. En los últimos cinco años aumentó la sojización y la tendencia al monocultivo se fortalece ante la inexistencia de políticas oficiales en apoyo y fomento de los cultivos alternativos, a actividades tradicionales como la lechería o a las economías regionales.
La motivación de la Resolución 125 fue claramente fiscal, derivada del crecimiento descontrolado del esquema de subsidios y de los vencimientos de la deuda externa. No estuvo entonces comprendida en una estrategia para el sector agropecuario que se asentara en el favorable contexto internacional y desarrollara una política sustentable a mediano y largo plazo, sobre todo para los pequeños y medianos productores y las economías regionales.
Las retenciones coparticipan a las provincias CERO PESOS CERO CENTAVOS. Esto explica en parte que hoy el gobierno nacional incumpla la ley de coparticipación federal que establece un piso de distribución del 34% de la masa total de recursos (se encuentra en sólo el 27% para las provincias cuando hace 10 años era del 60%).
Superávit fiscal alto en la Nación y déficit creciente en las provincias tienen estrecha relación entre sí.
Los derechos aduaneros formaron parte del debate mismo de la unidad de la Nación desde los tiempos de nuestra independencia y su federalización - lograr que dejen de ser el monopolio de Buenos Aires- se realizó en beneficio del interés de todo el país, es decir de todo su interior.
Finalmente, la cuestión de la metodología del gobierno nacional que concentra poder, disciplinando a través de los fondos públicos, se enlaza con la distribución inequitativa de los recursos. Por ello adquiere entidad la rejerarquización del Parlamento, o dicho de otro modo que finalice un “delegacionismo” de facultades que son propias del Congreso y que hoy concentra el Poder Ejecutivo debilitando así a la democracia.
“Esperanza” era entonces, según la mitología , quien podía alejar los infortunios. El conflicto agropecuario, de cuatro meses de duración, deja muchas lecciones para todos. El gobierno nacional – que fue quien más perdió- debe cambiar y marcar una agenda clara que se necesita para empezar a ser un país normal. La transparencia en el manejo de los dineros públicos y una mayor justicia social son puntos de referencia en un camino que desande el consenso perdido.
Las hegemonías construidas sólo a fuerza de concentración de fondos públicos, sin equidad, parecen omnipotentes pero son efímeras, porque cómo lo demostró Misiones, terminan cuestionadas socialmente, es un gran elefante con pie de barro.
El país y nuestro pueblo reclaman más democracia, es decir más igualdad, más libertad y más participación.
miércoles, 28 de mayo de 2008
EL SOCIALISMO ANTE EL CONFLICTO AGROPECUARIO
El país se encuentra atravesando una coyuntura externa altamente favorable en cuanto al valor de sus exportaciones, sin precedentes en los últimos 50 años. En el marco de este contexto, la producción agropecuaria se convirtió en pilar fundamental de la recuperación económica general en la salida de la crisis que hizo eclosión en 2001.
Argentina solo podrá aprovechar en el largo plazo este escenario favorable si crea las condiciones necesarias para un aumento sustancial de su capacidad productiva, resguardando al mismo tiempo el consumo interno, especialmente garantizando el de los sectores de menores ingresos.
En este contexto, el Partido Socialista ha promovido en los distintos espacios institucionales en los que participa un conjunto de propuestas no sólo para la resolución del conflicto actual, sino para la formulación de una política agropecuaria de mediano y largo plazo concebida como política de Estado, con el convencimiento de que:
1- El Gobierno Nacional debe, en razón de su mayor responsabilidad institucional, convocar a las cuatro entidades del sector agropecuario a la reanudación del diálogo de forma urgente. Asimismo, tal como lo ha planteado el PS en la Cámara de Diputados de la Nación, es necesario convocar a un Consejo Federal Agropecuario Ampliado que, con la participación de los gobiernos provinciales de la región agropecuaria, organizaciones civiles, sectoriales y las instituciones científico-tecnológicas, se erija como un espacio institucional permanente de debate con un criterio federal.
2- Es necesario reconocer las asimetrías existentes entre los grandes pooles de siembra y pequeños y medianos productores, a través del establecimiento de un esquema de retenciones diferencial y progresivo, que tome en cuenta el tamaño de la explotación agrícola y la producción obtenida. Así lo hemos planteado en el proyecto de ley presentado por el bloque socialista en la Cámara de Diputados.
3- La definición del conflicto debe darse a partir de la formulación concertada e implementación de una verdadera política de Estado en materia agropecuaria para el mediano y largo plazo, hoy inexistente.
4- El conflicto entre el Gobierno Nacional y el sector agropecuario ha desnudado, en el marco de un sistema tributario que se caracteriza no sólo por la fuerte regresividad y asimetría sino también por su diseño fuertemente centralista, un conflicto entre Nación y Provincias respecto a la distribución de la renta nacional. En este marco, el Partido Socialista demanda el inmediato cumplimiento de la ley vigente de Coparticipación Federal en lo que respecta al piso de recursos del 34% sobre el total recaudado que debe se distribuido a las provincias –de acuerdo al proyecto presentado por el bloque socialista en el Senado de la Nación-, y la pronta sanción de una nueva ley de Coparticipación Federal de Impuestos que, en cumplimiento del mandato constitucional, permita la construcción de un federalismo fuerte y el pleno respeto de las autonomías provinciales.
5- El Congreso Nacional es el ámbito institucional para concretar a través de leyes la política a mediano y largo plazo para el sector agropecuario, y al que la Constitución Nacional le ha asignado la atribución de establecer y modificar los tributos nacionales, y por ello es quien debe fijar el esquema y nivel de retenciones a aplicarse para la exportación de granos.
El proceso de concentración de la tierra y de “sojización” no se ha detenido en los últimos años; es necesario por ello una política integral en la materia como lo sostuviera el maestro Juan B. Justo, pionero en el estudio del problema agrario en la República Argentina, a cuya instancia el PS aprobó en 1901 un programa agrario muy avanzado para la época que daría inicio a la legislación agraria argentina. Programa que planteaba el combate contra el latifundio y la concentración de la tierra, junto a la consecuente promoción de una clase de pequeños propietarios, como los elementos centrales en la estrategia socialista para abordar la cuestión agraria que, como en aquella Argentina del capitalismo finisecular, vuelve a plantearse una vez más –al decir de Justo-, como uno de los “problemas más palpitantes de la vida nacional”.
Argentina solo podrá aprovechar en el largo plazo este escenario favorable si crea las condiciones necesarias para un aumento sustancial de su capacidad productiva, resguardando al mismo tiempo el consumo interno, especialmente garantizando el de los sectores de menores ingresos.
En este contexto, el Partido Socialista ha promovido en los distintos espacios institucionales en los que participa un conjunto de propuestas no sólo para la resolución del conflicto actual, sino para la formulación de una política agropecuaria de mediano y largo plazo concebida como política de Estado, con el convencimiento de que:
1- El Gobierno Nacional debe, en razón de su mayor responsabilidad institucional, convocar a las cuatro entidades del sector agropecuario a la reanudación del diálogo de forma urgente. Asimismo, tal como lo ha planteado el PS en la Cámara de Diputados de la Nación, es necesario convocar a un Consejo Federal Agropecuario Ampliado que, con la participación de los gobiernos provinciales de la región agropecuaria, organizaciones civiles, sectoriales y las instituciones científico-tecnológicas, se erija como un espacio institucional permanente de debate con un criterio federal.
2- Es necesario reconocer las asimetrías existentes entre los grandes pooles de siembra y pequeños y medianos productores, a través del establecimiento de un esquema de retenciones diferencial y progresivo, que tome en cuenta el tamaño de la explotación agrícola y la producción obtenida. Así lo hemos planteado en el proyecto de ley presentado por el bloque socialista en la Cámara de Diputados.
3- La definición del conflicto debe darse a partir de la formulación concertada e implementación de una verdadera política de Estado en materia agropecuaria para el mediano y largo plazo, hoy inexistente.
4- El conflicto entre el Gobierno Nacional y el sector agropecuario ha desnudado, en el marco de un sistema tributario que se caracteriza no sólo por la fuerte regresividad y asimetría sino también por su diseño fuertemente centralista, un conflicto entre Nación y Provincias respecto a la distribución de la renta nacional. En este marco, el Partido Socialista demanda el inmediato cumplimiento de la ley vigente de Coparticipación Federal en lo que respecta al piso de recursos del 34% sobre el total recaudado que debe se distribuido a las provincias –de acuerdo al proyecto presentado por el bloque socialista en el Senado de la Nación-, y la pronta sanción de una nueva ley de Coparticipación Federal de Impuestos que, en cumplimiento del mandato constitucional, permita la construcción de un federalismo fuerte y el pleno respeto de las autonomías provinciales.
5- El Congreso Nacional es el ámbito institucional para concretar a través de leyes la política a mediano y largo plazo para el sector agropecuario, y al que la Constitución Nacional le ha asignado la atribución de establecer y modificar los tributos nacionales, y por ello es quien debe fijar el esquema y nivel de retenciones a aplicarse para la exportación de granos.
El proceso de concentración de la tierra y de “sojización” no se ha detenido en los últimos años; es necesario por ello una política integral en la materia como lo sostuviera el maestro Juan B. Justo, pionero en el estudio del problema agrario en la República Argentina, a cuya instancia el PS aprobó en 1901 un programa agrario muy avanzado para la época que daría inicio a la legislación agraria argentina. Programa que planteaba el combate contra el latifundio y la concentración de la tierra, junto a la consecuente promoción de una clase de pequeños propietarios, como los elementos centrales en la estrategia socialista para abordar la cuestión agraria que, como en aquella Argentina del capitalismo finisecular, vuelve a plantearse una vez más –al decir de Justo-, como uno de los “problemas más palpitantes de la vida nacional”.
jueves, 17 de abril de 2008
EL AVARO
La distribución de recursos financieros públicos entre la Nación y las provincias es un aspecto central que apuntala la vigencia de un régimen federal de gobierno y de su definición y forma de implementación depende en gran parte el ejercicio efectivo de la autonomía por parte de las provincias.
Un aspecto crítico de esta distribución surge del régimen de Coparticipación Federal de Impuestos actualmente regido por la Ley 23.548. La Constitución Nacional reformada en el año 1994 determina la necesidad de establecer un nuevo régimen de coparticipación bajo las pautas de automaticidad en la remisión de fondos, objetividad en los criterios de reparto, equidad, solidaridad y prioridad en el logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. Estableció asimismo como plazo para su sanción la finalización del año 1996. Pasados once años del vencimiento de dicha imposición constitucional, el país no ha podido arribar a los consensos necesarios para posibilitar la sanción de esta norma.
Esta falencia denota una fuerte debilidad institucional, que conspira contra la construcción de un federalismo fuerte y moderno en la Argentina y socava las autonomías provinciales.
Uno de los pilares centrales del programa económico del gobierno nacional ha sido indudablemente el sostenimiento de un esquema de solidez fiscal evidenciado en la consecución de un importante superávit fiscal primario. Ahora bien, este esquema de solvencia fiscal no significó un cambio en la estructura tributaria regresiva que mantiene nuestro país y se basó en un diseño fuertemente centralizador de los ingresos fiscales en manos del Poder Central.
Así vemos que de los recursos tributarios que ocupan el tercer y cuarto lugar en monto de recaudación, es decir, las retenciones y aranceles a la exportación por un lado, y el impuesto a los débitos y réditos por el otro, su coparticipación a las provincias es mínima. En el primer caso, la coparticipación es “cero peso, cero centavo”, en el otro alcanza sólo el 14,5% de lo recaudado. Estos son factores que explican en parte la reticencia del gobierno nacional a discutir una reforma del sistema impositivo y del régimen de coparticipación.
Por otra parte, como ejemplo de la pérdida de participación de las provincias en los ingresos públicos, podemos destacar que la recaudación total a nivel nacional de ingresos del año 2007, ascendió a $ 199.780 Millones (considerando las contribuciones de seguridad social), de los cuales se coparticiparon por el esquema normado a las provincias $54.676 Millones, que representa solo el 27,37 % porcentaje que nos revela la insuficiente participación, incluso comparado en términos históricos
Asimismo y más allá de mora constitucional, observamos con grave preocupación que el Gobierno Nacional no cumple siquiera con la ley vigente de Coparticipación Federal 23.548 en uno de sus aspectos fundamentales como el referido en su artículo 7, por el cual se determina un piso de recursos sobre el total recaudado –34%- que debe se distribuido a las provincias
En los últimos cuatro años, este incumplimiento de la garantía del 34% ascendió en valores nominales (sin actualización) a la suma de $ 60.566 millones. Si tomamos las cifras solo del año 2007, y a modo de ejemplo, podemos señalar que para la Provincia de Santa Fe la pérdida de coparticipación de acuerdo a los porcentajes vigentes fue de $1.229 Millones, lo que equivale al 10% de su presupuesto anual.
Este panorama de holgura fiscal en la Nación y restricción en las provincias deriva en una perversa dependencia, que el Gobierno Nacional explota a través de transferencias discrecionales a las provincias para paliar sus necesidades. Así, todas las provincias argentinas son fuertemente dependientes de los recursos provenientes del gobierno nacional, con lo cual éste logra imponer criterios que limitan la autonomía provincial en el diseño de políticas públicas locales.
La no sanción de un régimen que contemple de manera única, estable y transparente la distribución de recursos entre la Nación y las provincias sumado al deliberado incumplimiento de la garantía establecida en la ley de coparticipación vigente, favorece la centralización de recursos por parte del Estado Nacional en detrimento de las jurisdicciones provinciales así como incentiva una mayor discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos. Un comportamiento que es más propio de Harapagón, el protagonista de “El Avaro” de Moliere que se queda con todo sin repartir, que de un gobierno preocupado por una distribución más equitativa de la riqueza..
Un aspecto crítico de esta distribución surge del régimen de Coparticipación Federal de Impuestos actualmente regido por la Ley 23.548. La Constitución Nacional reformada en el año 1994 determina la necesidad de establecer un nuevo régimen de coparticipación bajo las pautas de automaticidad en la remisión de fondos, objetividad en los criterios de reparto, equidad, solidaridad y prioridad en el logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. Estableció asimismo como plazo para su sanción la finalización del año 1996. Pasados once años del vencimiento de dicha imposición constitucional, el país no ha podido arribar a los consensos necesarios para posibilitar la sanción de esta norma.
Esta falencia denota una fuerte debilidad institucional, que conspira contra la construcción de un federalismo fuerte y moderno en la Argentina y socava las autonomías provinciales.
Uno de los pilares centrales del programa económico del gobierno nacional ha sido indudablemente el sostenimiento de un esquema de solidez fiscal evidenciado en la consecución de un importante superávit fiscal primario. Ahora bien, este esquema de solvencia fiscal no significó un cambio en la estructura tributaria regresiva que mantiene nuestro país y se basó en un diseño fuertemente centralizador de los ingresos fiscales en manos del Poder Central.
Así vemos que de los recursos tributarios que ocupan el tercer y cuarto lugar en monto de recaudación, es decir, las retenciones y aranceles a la exportación por un lado, y el impuesto a los débitos y réditos por el otro, su coparticipación a las provincias es mínima. En el primer caso, la coparticipación es “cero peso, cero centavo”, en el otro alcanza sólo el 14,5% de lo recaudado. Estos son factores que explican en parte la reticencia del gobierno nacional a discutir una reforma del sistema impositivo y del régimen de coparticipación.
Por otra parte, como ejemplo de la pérdida de participación de las provincias en los ingresos públicos, podemos destacar que la recaudación total a nivel nacional de ingresos del año 2007, ascendió a $ 199.780 Millones (considerando las contribuciones de seguridad social), de los cuales se coparticiparon por el esquema normado a las provincias $54.676 Millones, que representa solo el 27,37 % porcentaje que nos revela la insuficiente participación, incluso comparado en términos históricos
Asimismo y más allá de mora constitucional, observamos con grave preocupación que el Gobierno Nacional no cumple siquiera con la ley vigente de Coparticipación Federal 23.548 en uno de sus aspectos fundamentales como el referido en su artículo 7, por el cual se determina un piso de recursos sobre el total recaudado –34%- que debe se distribuido a las provincias
En los últimos cuatro años, este incumplimiento de la garantía del 34% ascendió en valores nominales (sin actualización) a la suma de $ 60.566 millones. Si tomamos las cifras solo del año 2007, y a modo de ejemplo, podemos señalar que para la Provincia de Santa Fe la pérdida de coparticipación de acuerdo a los porcentajes vigentes fue de $1.229 Millones, lo que equivale al 10% de su presupuesto anual.
Este panorama de holgura fiscal en la Nación y restricción en las provincias deriva en una perversa dependencia, que el Gobierno Nacional explota a través de transferencias discrecionales a las provincias para paliar sus necesidades. Así, todas las provincias argentinas son fuertemente dependientes de los recursos provenientes del gobierno nacional, con lo cual éste logra imponer criterios que limitan la autonomía provincial en el diseño de políticas públicas locales.
La no sanción de un régimen que contemple de manera única, estable y transparente la distribución de recursos entre la Nación y las provincias sumado al deliberado incumplimiento de la garantía establecida en la ley de coparticipación vigente, favorece la centralización de recursos por parte del Estado Nacional en detrimento de las jurisdicciones provinciales así como incentiva una mayor discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos. Un comportamiento que es más propio de Harapagón, el protagonista de “El Avaro” de Moliere que se queda con todo sin repartir, que de un gobierno preocupado por una distribución más equitativa de la riqueza..
jueves, 6 de marzo de 2008
DIOS ESTÁ EN TODAS PARTES ....
La distribución de recursos públicos entre la Nación y las provincias es sin dudas uno de los aspectos centrales que apuntalan la vigencia del régimen federal de gobierno. Por ello, de su definición y forma de implementación depende en gran parte el ejercicio efectivo de la autonomía por parte de las provincias.
En este contexto, la creciente centralización de los recursos públicos en detrimento de las provincias nos habla a las claras de las deficiencias de la distribución que surge del actual régimen de coparticipación federal de impuestos. Y esta falencia denota una fuerte debilidad institucional, que conspira contra la construcción de un federalismo fuerte y moderno que socava las autonomías provinciales.
La recaudación total a nivel nacional de ingresos del año 2007, ascendió a $ 165.641 millones (sin considerar las contribuciones de seguridad social), de los cuales se coparticiparon por el esquema normado a las provincias $54.676 millones, que representa sólo el 33 %, porcentaje que nos revela la insuficiente participación de las provincias en los ingresos públicos, incluso comparado en términos históricos.
En tal sentido, si analizamos la estructura fiscal a nivel nacional, vemos que las retenciones a las exportaciones ($ 24.231 millones estimados para 2008), que representan casi el 100% del superávit primario que obtiene el gobierno nacional, no son coparticipables. También es muy bajo (solo el 14.5%) lo que se distribuye a las provincias por el impuesto a los débitos y créditos bancarios, cuya recaudación está prevista para el año 2008 en $ 17.196 millones. Así vemos que de los recursos tributarios que ocupan el tercer y cuarto lugar en monto de recaudación (detrás del IVA y Ganancias), su coparticipación a las provincias es insignificante.
A este esquema de centralización de los recursos, se suma la problemática de la estructura del gasto público, en donde a nivel provincial los gastos salariales tienen un peso significativamente superior a los de la Nación, hecho que transforma sus presupuestos en más rígidos, y por lo tanto más dependientes del nivel de transferencias del gobierno nacional.
Este panorama caracterizado por la holgura fiscal en la Nación y restricción en las provincias deriva en una perversa dependencia, que el gobierno nacional “gestiona” a través de transferencias discrecionales a las provincias para paliar sus necesidades financieras. La obra pública es un este sentido un ejemplo paradigmático de esta realidad, que parece estar plasmando en la realidad aquel dicho popular que dice que “Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires”.
Los problemas reseñados pueden encontrar su salida a través del cumplimiento del mandato constitucional de la sanción de una nueva ley de coparticipación federal de impuestos. El país atraviesa una coyuntura económica altamente positiva en el marco del contexto internacional favorable, y es imprescindible aprovecharla para garantizar nuestra organización federal, luego que la voluntad popular definiera el año pasado con su voto un país más plural.
jueves, 31 de enero de 2008
Hacia una distribución más justa de la riqueza nacional
Vivimos en un país con grandes riquezas, pero profundamente injusto y desigual. El 10% más rico gana 30 veces más que el 10% más pobre, situación que da cuentas de la continuidad del proceso de deterioro social que ha caracterizado a la Argentina de las últimas décadas. Como ejemplo del deterioro sufrido cabe señalar que en el año 1974, la brecha de ingresos entre los más ricos y los más pobres era solo de 9,5 veces.
Esta inequitativa distribución del ingreso no se ha revertido a pesar del inédito proceso expansivo que verifica nuestra economía, con un crecimiento ininterrumpido del producto bruto por cinco años consecutivos del orden del 8/9%. Esta situación social se reflejada en todos los indicadores que, si bien han experimentado una leve mejoría con relación a la caída más profunda del año 2002, aun no han quebrado la tendencia estructural evidenciada a partir de la década del noventa.
En este contexto, son nuevamente los sectores más concentrados quienes fundamentalmente se apropian de los beneficios del crecimiento económico. Mientras el superávit crece, las desigualdades se consolidan. El crecimiento económico parece concebirse como un fin en sí mismo, apelándose nuevamente a la falaz “teoría del derrame”, cuando en realidad debería ser el punto de partida para la búsqueda de la equidad y la redistribución. En este contexto, la discusión sobre la distribución del ingreso no ocupa un lugar central en la agenda del Gobierno Nacional.
Con relación a las personas por debajo de la línea de pobreza alcanzan al 26,9% de la población (19,2 en hogares), frente a un 25.1% de la década pasada, y los niveles de indigencia (aquellas personas cuyo ingreso no alcanza a cubrir la canasta básica alimentaria alcanzan la cifra del 8,7% (6,3% en hogares).
En materia de brecha de pobreza (mide la distancia entre lo que gana una familia pobre y lo que debería ganar para superar esa condición), los números son contundentes (41%), evidenciándose una escasa variación de los niveles de la crisis de 2001. Es decir que mientras la pobreza y la indigencia se redujeron entre el segundo semestre de 2003 y el segundo semestre de 2006 en un 17,3% y 8,8% respectivamente, la brecha de pobreza sólo bajó un 2,9% y la de indigencia se amplió casi un 11%. Y esto habla a las claras de que el crecimiento económico ha tenido un impacto muy desigual, y que no ha llegado a los que menos tienen.
Debe tenerse en cuenta además que la pobreza y la indigencia continúan teniendo una fuerte incidencia en la población de menores de 14 años. Mientras que la incidencia de la pobreza y la indigencia en la población total es de 26,9% y 8,7% respectivamente, la incidencia en los menores de 14 años es del 40,5% y 14,3% respectivamente.
En cuanto a la desocupación, el índice cayó para el gobierno a 8,5% para el segundo trimestre del presente año, alcanzando así el punto más bajo de los últimos 14 años. Sin embargo, debe decirse que estos datos se difunden en medio de graves denuncias de personal del Indec a los procedimientos y metodologías empleados para la confección de estos índices, y que se contempla además como ocupados a los beneficiarios de los planes sociales.
Lo cierto es que si bien la recuperación del empleo ha sido importante en el último tiempo, reflejada en una caída de la tasa de desocupación; nos enfrentamos a un modelo basado en una alta rentabilidad del empresariado sustentado en generación de empleo de baja remuneración y calidad y una menguada participación salarial en el ingreso total de la economía. Esto es factible, gracias a la fuerte segmentación del mercado laboral. En el sector privado el 54% de los trabajadores están registrados. Es decir tiene cobertura salud a través obras sociales y aportan al sistema jubilatorio. El restante 46% no se encuentran registrados (comúnmente denominados “en negro”) y como tal no tienen acceso al sistema de seguro de salud, a las asignaciones familiares y a una jubilación futura.
Además, si bien los trabajadores formales recuperaron su salario real contra diciembre 2001, los trabajadores privados no registrados sufren aun una pérdida del 20%, mientras que para los trabajadores del sector público dicha caída es del 27%.
Así, cuando anteriormente se relacionaba la pobreza con la falta de empleo, hoy vemos que en la Argentina el 22% de las personas con empleo se encuentran por debajo de la línea de la pobreza y más del 50% de los trabajadores no registrados percibe un haber inferior al salario mínimo, vital y móvil.
Con relación a las jubilaciones el gobierno ha adoptado una política de incremento del haber mínimo, combinada con una fuerte depreciación real del resto de los haberes. De esta forma se ha logrado un achatamiento de la pirámide jubilatoria. Actualmente el 79% de los jubilados cobra el haber mínimo, que si bien es superior a la década pasada, no alcanza a cubrir la canasta básica. Se observa una política de homogeneización salarial del sector pasivo, pero a valores paupérrimos. Las jubilaciones y pensiones están lejos de recuperar el poder adquisitivo perdido y la movilidad dispuesta normativamente en la Constitución Nacional
Frente a la situación descripta, el lugar central de la nueva agenda pública debe privilegiar la cuestión de la distribución del ingreso, obligando a implementar un conjunto de políticas públicas de fuerte énfasis redistributivo. Debe avanzarse hacia una distribución del ingreso que sea real y no sólo discursiva, que incluya el acceso a la educación, a la cultura, al empleo y a la vivienda digna , y no dependa del asistencialismo clientelista sino que se base en los derechos universales de los ciudadanos.
Partimos de la base de que no basta la simple igualdad formal, es decir, el simple reconocimiento de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, sino que es necesario asegurar la igualdad real de oportunidades para todos. Y no es posible afirmar que existe igualdad de oportunidades cuando para un individuo es prácticamente imposible acceder a su bienestar social.
En esa perspectiva el Partido Socialista, consciente de su responsabilidad como fuerza históricamente comprometida con la clase trabajadora y los sectores populares, propicia un conjunto de medidas para abordar la actual coyuntura nacional y las somete a la discusión de la ciudadanía, con la vocación de aportar a un proyecto de Nación donde puedan realizarse los sueños y aspiraciones de todas y todos los argentinos.
Para ello proponemos las siguientes acciones:
* Una reforma tributaria que revierta el carácter regresivo y asimétrico del sistema, e implemente un sistema más progresivo, con énfasis en las grandes rentas, con mayor transparencia y claridad en el uso de los fondos recaudados, con mínimas excepciones y estable en el tiempo.
* Derogación del actual sistema previsional, herencia del modelo de exclusión y privilegio construido en los últimos años, que ha transformado la previsión social en un negocio privado de especulación financiera y ganancias extraordinarias. Sanción de un sistema previsional que garantice el pago de un beneficio jubilatorio universal, que debería complementarse con un sistema contributivo financiado por un mecanismo de reparto.
* En materia de política social, el objetivo central es avanzar hacia la conformación de una red de ingreso básico universal, que garantice que las personas puedan acceder a un estándar de vida básico, socialmente aceptable, y que puedan hacerlo con el mayor grado de libertad posible, permitiéndoles simultáneamente desarrollar sus capacidades y participar activamente en la vida en sociedad.
Esta inequitativa distribución del ingreso no se ha revertido a pesar del inédito proceso expansivo que verifica nuestra economía, con un crecimiento ininterrumpido del producto bruto por cinco años consecutivos del orden del 8/9%. Esta situación social se reflejada en todos los indicadores que, si bien han experimentado una leve mejoría con relación a la caída más profunda del año 2002, aun no han quebrado la tendencia estructural evidenciada a partir de la década del noventa.
En este contexto, son nuevamente los sectores más concentrados quienes fundamentalmente se apropian de los beneficios del crecimiento económico. Mientras el superávit crece, las desigualdades se consolidan. El crecimiento económico parece concebirse como un fin en sí mismo, apelándose nuevamente a la falaz “teoría del derrame”, cuando en realidad debería ser el punto de partida para la búsqueda de la equidad y la redistribución. En este contexto, la discusión sobre la distribución del ingreso no ocupa un lugar central en la agenda del Gobierno Nacional.
Con relación a las personas por debajo de la línea de pobreza alcanzan al 26,9% de la población (19,2 en hogares), frente a un 25.1% de la década pasada, y los niveles de indigencia (aquellas personas cuyo ingreso no alcanza a cubrir la canasta básica alimentaria alcanzan la cifra del 8,7% (6,3% en hogares).
En materia de brecha de pobreza (mide la distancia entre lo que gana una familia pobre y lo que debería ganar para superar esa condición), los números son contundentes (41%), evidenciándose una escasa variación de los niveles de la crisis de 2001. Es decir que mientras la pobreza y la indigencia se redujeron entre el segundo semestre de 2003 y el segundo semestre de 2006 en un 17,3% y 8,8% respectivamente, la brecha de pobreza sólo bajó un 2,9% y la de indigencia se amplió casi un 11%. Y esto habla a las claras de que el crecimiento económico ha tenido un impacto muy desigual, y que no ha llegado a los que menos tienen.
Debe tenerse en cuenta además que la pobreza y la indigencia continúan teniendo una fuerte incidencia en la población de menores de 14 años. Mientras que la incidencia de la pobreza y la indigencia en la población total es de 26,9% y 8,7% respectivamente, la incidencia en los menores de 14 años es del 40,5% y 14,3% respectivamente.
En cuanto a la desocupación, el índice cayó para el gobierno a 8,5% para el segundo trimestre del presente año, alcanzando así el punto más bajo de los últimos 14 años. Sin embargo, debe decirse que estos datos se difunden en medio de graves denuncias de personal del Indec a los procedimientos y metodologías empleados para la confección de estos índices, y que se contempla además como ocupados a los beneficiarios de los planes sociales.
Lo cierto es que si bien la recuperación del empleo ha sido importante en el último tiempo, reflejada en una caída de la tasa de desocupación; nos enfrentamos a un modelo basado en una alta rentabilidad del empresariado sustentado en generación de empleo de baja remuneración y calidad y una menguada participación salarial en el ingreso total de la economía. Esto es factible, gracias a la fuerte segmentación del mercado laboral. En el sector privado el 54% de los trabajadores están registrados. Es decir tiene cobertura salud a través obras sociales y aportan al sistema jubilatorio. El restante 46% no se encuentran registrados (comúnmente denominados “en negro”) y como tal no tienen acceso al sistema de seguro de salud, a las asignaciones familiares y a una jubilación futura.
Además, si bien los trabajadores formales recuperaron su salario real contra diciembre 2001, los trabajadores privados no registrados sufren aun una pérdida del 20%, mientras que para los trabajadores del sector público dicha caída es del 27%.
Así, cuando anteriormente se relacionaba la pobreza con la falta de empleo, hoy vemos que en la Argentina el 22% de las personas con empleo se encuentran por debajo de la línea de la pobreza y más del 50% de los trabajadores no registrados percibe un haber inferior al salario mínimo, vital y móvil.
Con relación a las jubilaciones el gobierno ha adoptado una política de incremento del haber mínimo, combinada con una fuerte depreciación real del resto de los haberes. De esta forma se ha logrado un achatamiento de la pirámide jubilatoria. Actualmente el 79% de los jubilados cobra el haber mínimo, que si bien es superior a la década pasada, no alcanza a cubrir la canasta básica. Se observa una política de homogeneización salarial del sector pasivo, pero a valores paupérrimos. Las jubilaciones y pensiones están lejos de recuperar el poder adquisitivo perdido y la movilidad dispuesta normativamente en la Constitución Nacional
Frente a la situación descripta, el lugar central de la nueva agenda pública debe privilegiar la cuestión de la distribución del ingreso, obligando a implementar un conjunto de políticas públicas de fuerte énfasis redistributivo. Debe avanzarse hacia una distribución del ingreso que sea real y no sólo discursiva, que incluya el acceso a la educación, a la cultura, al empleo y a la vivienda digna , y no dependa del asistencialismo clientelista sino que se base en los derechos universales de los ciudadanos.
Partimos de la base de que no basta la simple igualdad formal, es decir, el simple reconocimiento de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, sino que es necesario asegurar la igualdad real de oportunidades para todos. Y no es posible afirmar que existe igualdad de oportunidades cuando para un individuo es prácticamente imposible acceder a su bienestar social.
En esa perspectiva el Partido Socialista, consciente de su responsabilidad como fuerza históricamente comprometida con la clase trabajadora y los sectores populares, propicia un conjunto de medidas para abordar la actual coyuntura nacional y las somete a la discusión de la ciudadanía, con la vocación de aportar a un proyecto de Nación donde puedan realizarse los sueños y aspiraciones de todas y todos los argentinos.
Para ello proponemos las siguientes acciones:
* Una reforma tributaria que revierta el carácter regresivo y asimétrico del sistema, e implemente un sistema más progresivo, con énfasis en las grandes rentas, con mayor transparencia y claridad en el uso de los fondos recaudados, con mínimas excepciones y estable en el tiempo.
* Derogación del actual sistema previsional, herencia del modelo de exclusión y privilegio construido en los últimos años, que ha transformado la previsión social en un negocio privado de especulación financiera y ganancias extraordinarias. Sanción de un sistema previsional que garantice el pago de un beneficio jubilatorio universal, que debería complementarse con un sistema contributivo financiado por un mecanismo de reparto.
* En materia de política social, el objetivo central es avanzar hacia la conformación de una red de ingreso básico universal, que garantice que las personas puedan acceder a un estándar de vida básico, socialmente aceptable, y que puedan hacerlo con el mayor grado de libertad posible, permitiéndoles simultáneamente desarrollar sus capacidades y participar activamente en la vida en sociedad.
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