La distribución de recursos públicos entre la Nación y las provincias es sin dudas uno de los aspectos centrales que apuntalan la vigencia del régimen federal de gobierno. Por ello, de su definición y forma de implementación depende en gran parte el ejercicio efectivo de la autonomía por parte de las provincias.
En este contexto, la creciente centralización de los recursos públicos en detrimento de las provincias nos habla a las claras de las deficiencias de la distribución que surge del actual régimen de coparticipación federal de impuestos. Y esta falencia denota una fuerte debilidad institucional, que conspira contra la construcción de un federalismo fuerte y moderno que socava las autonomías provinciales.
La recaudación total a nivel nacional de ingresos del año 2007, ascendió a $ 165.641 millones (sin considerar las contribuciones de seguridad social), de los cuales se coparticiparon por el esquema normado a las provincias $54.676 millones, que representa sólo el 33 %, porcentaje que nos revela la insuficiente participación de las provincias en los ingresos públicos, incluso comparado en términos históricos.
En tal sentido, si analizamos la estructura fiscal a nivel nacional, vemos que las retenciones a las exportaciones ($ 24.231 millones estimados para 2008), que representan casi el 100% del superávit primario que obtiene el gobierno nacional, no son coparticipables. También es muy bajo (solo el 14.5%) lo que se distribuye a las provincias por el impuesto a los débitos y créditos bancarios, cuya recaudación está prevista para el año 2008 en $ 17.196 millones. Así vemos que de los recursos tributarios que ocupan el tercer y cuarto lugar en monto de recaudación (detrás del IVA y Ganancias), su coparticipación a las provincias es insignificante.
A este esquema de centralización de los recursos, se suma la problemática de la estructura del gasto público, en donde a nivel provincial los gastos salariales tienen un peso significativamente superior a los de la Nación, hecho que transforma sus presupuestos en más rígidos, y por lo tanto más dependientes del nivel de transferencias del gobierno nacional.
Este panorama caracterizado por la holgura fiscal en la Nación y restricción en las provincias deriva en una perversa dependencia, que el gobierno nacional “gestiona” a través de transferencias discrecionales a las provincias para paliar sus necesidades financieras. La obra pública es un este sentido un ejemplo paradigmático de esta realidad, que parece estar plasmando en la realidad aquel dicho popular que dice que “Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires”.
Los problemas reseñados pueden encontrar su salida a través del cumplimiento del mandato constitucional de la sanción de una nueva ley de coparticipación federal de impuestos. El país atraviesa una coyuntura económica altamente positiva en el marco del contexto internacional favorable, y es imprescindible aprovecharla para garantizar nuestra organización federal, luego que la voluntad popular definiera el año pasado con su voto un país más plural.
