Vivimos en un país con grandes riquezas, pero profundamente injusto y desigual. El 10% más rico gana 30 veces más que el 10% más pobre, situación que da cuentas de la continuidad del proceso de deterioro social que ha caracterizado a la Argentina de las últimas décadas. Como ejemplo del deterioro sufrido cabe señalar que en el año 1974, la brecha de ingresos entre los más ricos y los más pobres era solo de 9,5 veces.
Esta inequitativa distribución del ingreso no se ha revertido a pesar del inédito proceso expansivo que verifica nuestra economía, con un crecimiento ininterrumpido del producto bruto por cinco años consecutivos del orden del 8/9%. Esta situación social se reflejada en todos los indicadores que, si bien han experimentado una leve mejoría con relación a la caída más profunda del año 2002, aun no han quebrado la tendencia estructural evidenciada a partir de la década del noventa.
En este contexto, son nuevamente los sectores más concentrados quienes fundamentalmente se apropian de los beneficios del crecimiento económico. Mientras el superávit crece, las desigualdades se consolidan. El crecimiento económico parece concebirse como un fin en sí mismo, apelándose nuevamente a la falaz “teoría del derrame”, cuando en realidad debería ser el punto de partida para la búsqueda de la equidad y la redistribución. En este contexto, la discusión sobre la distribución del ingreso no ocupa un lugar central en la agenda del Gobierno Nacional.
Con relación a las personas por debajo de la línea de pobreza alcanzan al 26,9% de la población (19,2 en hogares), frente a un 25.1% de la década pasada, y los niveles de indigencia (aquellas personas cuyo ingreso no alcanza a cubrir la canasta básica alimentaria alcanzan la cifra del 8,7% (6,3% en hogares).
En materia de brecha de pobreza (mide la distancia entre lo que gana una familia pobre y lo que debería ganar para superar esa condición), los números son contundentes (41%), evidenciándose una escasa variación de los niveles de la crisis de 2001. Es decir que mientras la pobreza y la indigencia se redujeron entre el segundo semestre de 2003 y el segundo semestre de 2006 en un 17,3% y 8,8% respectivamente, la brecha de pobreza sólo bajó un 2,9% y la de indigencia se amplió casi un 11%. Y esto habla a las claras de que el crecimiento económico ha tenido un impacto muy desigual, y que no ha llegado a los que menos tienen.
Debe tenerse en cuenta además que la pobreza y la indigencia continúan teniendo una fuerte incidencia en la población de menores de 14 años. Mientras que la incidencia de la pobreza y la indigencia en la población total es de 26,9% y 8,7% respectivamente, la incidencia en los menores de 14 años es del 40,5% y 14,3% respectivamente.
En cuanto a la desocupación, el índice cayó para el gobierno a 8,5% para el segundo trimestre del presente año, alcanzando así el punto más bajo de los últimos 14 años. Sin embargo, debe decirse que estos datos se difunden en medio de graves denuncias de personal del Indec a los procedimientos y metodologías empleados para la confección de estos índices, y que se contempla además como ocupados a los beneficiarios de los planes sociales.
Lo cierto es que si bien la recuperación del empleo ha sido importante en el último tiempo, reflejada en una caída de la tasa de desocupación; nos enfrentamos a un modelo basado en una alta rentabilidad del empresariado sustentado en generación de empleo de baja remuneración y calidad y una menguada participación salarial en el ingreso total de la economía. Esto es factible, gracias a la fuerte segmentación del mercado laboral. En el sector privado el 54% de los trabajadores están registrados. Es decir tiene cobertura salud a través obras sociales y aportan al sistema jubilatorio. El restante 46% no se encuentran registrados (comúnmente denominados “en negro”) y como tal no tienen acceso al sistema de seguro de salud, a las asignaciones familiares y a una jubilación futura.
Además, si bien los trabajadores formales recuperaron su salario real contra diciembre 2001, los trabajadores privados no registrados sufren aun una pérdida del 20%, mientras que para los trabajadores del sector público dicha caída es del 27%.
Así, cuando anteriormente se relacionaba la pobreza con la falta de empleo, hoy vemos que en la Argentina el 22% de las personas con empleo se encuentran por debajo de la línea de la pobreza y más del 50% de los trabajadores no registrados percibe un haber inferior al salario mínimo, vital y móvil.
Con relación a las jubilaciones el gobierno ha adoptado una política de incremento del haber mínimo, combinada con una fuerte depreciación real del resto de los haberes. De esta forma se ha logrado un achatamiento de la pirámide jubilatoria. Actualmente el 79% de los jubilados cobra el haber mínimo, que si bien es superior a la década pasada, no alcanza a cubrir la canasta básica. Se observa una política de homogeneización salarial del sector pasivo, pero a valores paupérrimos. Las jubilaciones y pensiones están lejos de recuperar el poder adquisitivo perdido y la movilidad dispuesta normativamente en la Constitución Nacional
Frente a la situación descripta, el lugar central de la nueva agenda pública debe privilegiar la cuestión de la distribución del ingreso, obligando a implementar un conjunto de políticas públicas de fuerte énfasis redistributivo. Debe avanzarse hacia una distribución del ingreso que sea real y no sólo discursiva, que incluya el acceso a la educación, a la cultura, al empleo y a la vivienda digna , y no dependa del asistencialismo clientelista sino que se base en los derechos universales de los ciudadanos.
Partimos de la base de que no basta la simple igualdad formal, es decir, el simple reconocimiento de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, sino que es necesario asegurar la igualdad real de oportunidades para todos. Y no es posible afirmar que existe igualdad de oportunidades cuando para un individuo es prácticamente imposible acceder a su bienestar social.
En esa perspectiva el Partido Socialista, consciente de su responsabilidad como fuerza históricamente comprometida con la clase trabajadora y los sectores populares, propicia un conjunto de medidas para abordar la actual coyuntura nacional y las somete a la discusión de la ciudadanía, con la vocación de aportar a un proyecto de Nación donde puedan realizarse los sueños y aspiraciones de todas y todos los argentinos.
Para ello proponemos las siguientes acciones:
* Una reforma tributaria que revierta el carácter regresivo y asimétrico del sistema, e implemente un sistema más progresivo, con énfasis en las grandes rentas, con mayor transparencia y claridad en el uso de los fondos recaudados, con mínimas excepciones y estable en el tiempo.
* Derogación del actual sistema previsional, herencia del modelo de exclusión y privilegio construido en los últimos años, que ha transformado la previsión social en un negocio privado de especulación financiera y ganancias extraordinarias. Sanción de un sistema previsional que garantice el pago de un beneficio jubilatorio universal, que debería complementarse con un sistema contributivo financiado por un mecanismo de reparto.
* En materia de política social, el objetivo central es avanzar hacia la conformación de una red de ingreso básico universal, que garantice que las personas puedan acceder a un estándar de vida básico, socialmente aceptable, y que puedan hacerlo con el mayor grado de libertad posible, permitiéndoles simultáneamente desarrollar sus capacidades y participar activamente en la vida en sociedad.
Esta inequitativa distribución del ingreso no se ha revertido a pesar del inédito proceso expansivo que verifica nuestra economía, con un crecimiento ininterrumpido del producto bruto por cinco años consecutivos del orden del 8/9%. Esta situación social se reflejada en todos los indicadores que, si bien han experimentado una leve mejoría con relación a la caída más profunda del año 2002, aun no han quebrado la tendencia estructural evidenciada a partir de la década del noventa.
En este contexto, son nuevamente los sectores más concentrados quienes fundamentalmente se apropian de los beneficios del crecimiento económico. Mientras el superávit crece, las desigualdades se consolidan. El crecimiento económico parece concebirse como un fin en sí mismo, apelándose nuevamente a la falaz “teoría del derrame”, cuando en realidad debería ser el punto de partida para la búsqueda de la equidad y la redistribución. En este contexto, la discusión sobre la distribución del ingreso no ocupa un lugar central en la agenda del Gobierno Nacional.
Con relación a las personas por debajo de la línea de pobreza alcanzan al 26,9% de la población (19,2 en hogares), frente a un 25.1% de la década pasada, y los niveles de indigencia (aquellas personas cuyo ingreso no alcanza a cubrir la canasta básica alimentaria alcanzan la cifra del 8,7% (6,3% en hogares).
En materia de brecha de pobreza (mide la distancia entre lo que gana una familia pobre y lo que debería ganar para superar esa condición), los números son contundentes (41%), evidenciándose una escasa variación de los niveles de la crisis de 2001. Es decir que mientras la pobreza y la indigencia se redujeron entre el segundo semestre de 2003 y el segundo semestre de 2006 en un 17,3% y 8,8% respectivamente, la brecha de pobreza sólo bajó un 2,9% y la de indigencia se amplió casi un 11%. Y esto habla a las claras de que el crecimiento económico ha tenido un impacto muy desigual, y que no ha llegado a los que menos tienen.
Debe tenerse en cuenta además que la pobreza y la indigencia continúan teniendo una fuerte incidencia en la población de menores de 14 años. Mientras que la incidencia de la pobreza y la indigencia en la población total es de 26,9% y 8,7% respectivamente, la incidencia en los menores de 14 años es del 40,5% y 14,3% respectivamente.
En cuanto a la desocupación, el índice cayó para el gobierno a 8,5% para el segundo trimestre del presente año, alcanzando así el punto más bajo de los últimos 14 años. Sin embargo, debe decirse que estos datos se difunden en medio de graves denuncias de personal del Indec a los procedimientos y metodologías empleados para la confección de estos índices, y que se contempla además como ocupados a los beneficiarios de los planes sociales.
Lo cierto es que si bien la recuperación del empleo ha sido importante en el último tiempo, reflejada en una caída de la tasa de desocupación; nos enfrentamos a un modelo basado en una alta rentabilidad del empresariado sustentado en generación de empleo de baja remuneración y calidad y una menguada participación salarial en el ingreso total de la economía. Esto es factible, gracias a la fuerte segmentación del mercado laboral. En el sector privado el 54% de los trabajadores están registrados. Es decir tiene cobertura salud a través obras sociales y aportan al sistema jubilatorio. El restante 46% no se encuentran registrados (comúnmente denominados “en negro”) y como tal no tienen acceso al sistema de seguro de salud, a las asignaciones familiares y a una jubilación futura.
Además, si bien los trabajadores formales recuperaron su salario real contra diciembre 2001, los trabajadores privados no registrados sufren aun una pérdida del 20%, mientras que para los trabajadores del sector público dicha caída es del 27%.
Así, cuando anteriormente se relacionaba la pobreza con la falta de empleo, hoy vemos que en la Argentina el 22% de las personas con empleo se encuentran por debajo de la línea de la pobreza y más del 50% de los trabajadores no registrados percibe un haber inferior al salario mínimo, vital y móvil.
Con relación a las jubilaciones el gobierno ha adoptado una política de incremento del haber mínimo, combinada con una fuerte depreciación real del resto de los haberes. De esta forma se ha logrado un achatamiento de la pirámide jubilatoria. Actualmente el 79% de los jubilados cobra el haber mínimo, que si bien es superior a la década pasada, no alcanza a cubrir la canasta básica. Se observa una política de homogeneización salarial del sector pasivo, pero a valores paupérrimos. Las jubilaciones y pensiones están lejos de recuperar el poder adquisitivo perdido y la movilidad dispuesta normativamente en la Constitución Nacional
Frente a la situación descripta, el lugar central de la nueva agenda pública debe privilegiar la cuestión de la distribución del ingreso, obligando a implementar un conjunto de políticas públicas de fuerte énfasis redistributivo. Debe avanzarse hacia una distribución del ingreso que sea real y no sólo discursiva, que incluya el acceso a la educación, a la cultura, al empleo y a la vivienda digna , y no dependa del asistencialismo clientelista sino que se base en los derechos universales de los ciudadanos.
Partimos de la base de que no basta la simple igualdad formal, es decir, el simple reconocimiento de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, sino que es necesario asegurar la igualdad real de oportunidades para todos. Y no es posible afirmar que existe igualdad de oportunidades cuando para un individuo es prácticamente imposible acceder a su bienestar social.
En esa perspectiva el Partido Socialista, consciente de su responsabilidad como fuerza históricamente comprometida con la clase trabajadora y los sectores populares, propicia un conjunto de medidas para abordar la actual coyuntura nacional y las somete a la discusión de la ciudadanía, con la vocación de aportar a un proyecto de Nación donde puedan realizarse los sueños y aspiraciones de todas y todos los argentinos.
Para ello proponemos las siguientes acciones:
* Una reforma tributaria que revierta el carácter regresivo y asimétrico del sistema, e implemente un sistema más progresivo, con énfasis en las grandes rentas, con mayor transparencia y claridad en el uso de los fondos recaudados, con mínimas excepciones y estable en el tiempo.
* Derogación del actual sistema previsional, herencia del modelo de exclusión y privilegio construido en los últimos años, que ha transformado la previsión social en un negocio privado de especulación financiera y ganancias extraordinarias. Sanción de un sistema previsional que garantice el pago de un beneficio jubilatorio universal, que debería complementarse con un sistema contributivo financiado por un mecanismo de reparto.
* En materia de política social, el objetivo central es avanzar hacia la conformación de una red de ingreso básico universal, que garantice que las personas puedan acceder a un estándar de vida básico, socialmente aceptable, y que puedan hacerlo con el mayor grado de libertad posible, permitiéndoles simultáneamente desarrollar sus capacidades y participar activamente en la vida en sociedad.
