CICCONE: MUCHAS PREGUNTAS Y NINGUNA RESPUESTA

¿Por qué este gobierno durante los últimos años ha debilitado sistemáticamente las capacidades de la Casa de la Moneda para imprimir billetes, continuando con la terciarización en empresas amigas del poder iniciada durante los ’90, y debiendo recurrir incluso a la impresión en países vecinos como Brasil y Chile?

¿Por qué ahora se propone la expropiación cuando el pasado año la AFIP, que había solicitado la quiebra de la empresa por una deuda de 230 millones con el fisco, avaló el ingreso a la empresa de una sociedad radicada en paraísos fiscales y le otorgó una moratoria impositiva con llamativos privilegios?

¿Por qué si el Ministerio del Interior invirtió 1.300 millones de pesos en la altamente publicitada impresión de nuevos DNI y pasaportes no puede hacer las inversiones necesarias para la impresión de billetes en la Casa de la Moneda?

¿Por qué el apuro en sancionar una ley de expropiación en 15 días, sin la transparencia y la información necesarias, cuando en virtud del decreto que dispuso la intervención el Poder Ejecutivo ya tiene el control de la empresa por un plazo de 60 días?

¿Por qué se avanza con esta medida cuando la sociedad aún no conoce quiénes son los dueños de esta empresa y, por lo tanto, a quién se va a expropiar?

¿Por qué se expropia una empresa de la que no se conocen no sólo sus accionistas, sino sus activos y pasivos, y si el estado de las “modernas” máquinas de impresión a las que se hace tanta referencia desde el oficialismo es bueno, y éstas están libres de gravámenes o inhibiciones?

¿Con la expropiación de la ex Ciccone se busca realmente recuperar la soberanía monetaria, o en realidad se intenta transformar en abstracta una causa judicial que ya hizo renunciar al procurador general de la Nación, a un juez y a un fiscal federal?

¿No se profundiza de esta manera, la crisis de legitimidad de la sociedad hacia la dirigencia política y la sensación de impunidad, haciendo que una causa que involucra a funcionarios públicos    quede en la nada?

Cuando los argumentos no aparecen, la respuestas son mudas a preguntas que se agigantan

RIO+20

MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES.

Río+20 significó para muchos un fracaso y para tantos otros una decepción. Una distancia gigantesca entre la aceptación generalizada que el planeta a este ritmo de deterioro ambiental es inviable, y la inexistencia de compromisos por parte de los gobiernos para tomar medidas que disminuyan la irracional destrucción.

La Declaración resultó, como muchos documentos intergubernamentales de su género, una mezcla de afirmaciones, recomendaciones, reconocimientos y casi ningún compromiso relevante.

“El Futuro que Queremos” es una expresión de deseos y queda en definitiva muy corto en relación al tamaño de los desafíos que enfrenta la humanidad en materia de desarrollo sustentable y preservación del medioambiente para las generaciones presentes y futuras; sobre todo cuando no cuenta con los recursos imprescindibles para su implementación, puesto que la propuesta de crear un fondo de 30 mil millones de dólares fue rechazada por los países más ricos que se negaron a asumir compromisos financieros.

La propuesta de introducir en el documento final el concepto de la "economía verde" impulsado por sectores empresariales y sus gobiernos aliados, que pretendía sustituir el concepto de “desarrollo sostenible” que Naciones Unidas había adoptado 20 años antes en la Cumbre de la Tierra Río 92, finalmente fracasó por la presión ejercida por los países en desarrollo y la movilización de movimientos sociales. Resulta paradójico que en momentos en que la crisis financiera global ha puesto en evidencia una vez más el rotundo fracaso de las políticas neoliberales, se haya pretendido enfocar la cuestión medioambiental con las leyes del mercado, avanzando así en la mercantilización de la naturaleza.

Muchos ha dicho que por la falta de avances esta Cumbre resultó ser "Río-20", pero si se imponí el criterio ariba mencionado hubiese sido "Río-40".

La contracara de los decepcionantes resultados de Río+20, fue la  masiva Cumbre de los Pueblos por Justicia Social y Ambiental que se desarrolló en forma paralela al evento oficial. La Cumbre de los Pueblos es el símbolo de un nuevo ciclo en la trayectoria de las luchas globales, buscando nuevas convergencias entre movimientos de mujeres, indígenas, juventudes, agricultores/as familiares y campesinos, trabajadores/as, pueblos y comunidades tradicionales, luchadores por el derecho a la ciudad, y religiones de todo el mundo.

Los actores sociales presentes en esta verdadera “cumbre social” convergieron en asambleas en las que se debatieron y concertaron propuestas, estrategias y agendas de lucha en temas como derechos, defensa de los bienes comunes contra la mercantilización, energía, industrias extractivas, soberanía alimentaria, empleo digno, entre otros. De esta experiencia se desprendió una visión común respecto a la responsabilidad del capitalismo financiero en las crisis actuales y el rechazo a las falsas soluciones ya fracasadas.

El resultado final de la Cumbre oficial al decir de Shakespeare resultó "mucho ruido y pocas nueces"

UN GOLPE A LA VOLUNTAD POPULAR

A sólo nueve meses de las próximas elecciones presidenciales, el Senado de Paraguay destituyó al presidente Fernando Lugo en el marco de un simulacro de juicio político sumarísimo, sin libelo acusatorio que lo justifique ni respeto por las mínimas garantías de debido proceso y derecho de defensa en juicio.

Se consumaba así un golpe contra la voluntad popular en la hermana República del Paraguay.

El inconmensurable cinismo de quienes fundamentan la destitución del presidente democráticamente electo alegando “que todo fue hecho dentro del marco constitucional”, elude la cuestión fundamental que está en juego: se ha cambiado una legitimidad de origen centrada en la soberanía popular por otra emanada de espurios acuerdos entre la vieja política y el establishment económico.

La elección de Lugo en 2008 representó el final de 61 años de hegemonía del Partido Colorado, que incluyó casi dos décadas de gobierno del dictador Alfredo Stroessner, y que dejó un legado de corrupción, pobreza y desigualdad. La elección de un obispo, decente, progresista, fue demasiado para los intereses de la oligarquía, los grupos de poder económico, y los partidos tradicionales que rigieron por varias décadas los destinos del Paraguay.

El 80% de las tierras fértiles está en manos de sólo el 2% de la población. Esta oligarquía de latifundistas de tierras malhabidas, junto a empresarios que se enriquecieron al calor del poder y a mafias de todo tipo, en connivencia con el oportunismo de la vieja clase política, es lo que está sin dudas tras la ruptura del orden democrático en Paraguay.

Mientras tanto, el 40% de los paraguayos son pobres, y la mitad de ellos indigentes. A esta realidad es la que se quiso enfrentar Lugo durante su gestión; y lo terminó pagando con su cargo.

Lo acontecido abona además la preocupación por la emergencia en América Latina de un nuevo tipo de golpismo del siglo XXI. Este nuevo fenómeno –como señala Juan Carlos Tokatlián- que se inauguró en el año 2000 con la “remoción legal” de Mahuad en Ecuador, y que continuó con el derrocamiento “institucional” de Hugo Chávez en Venezuela (2002), con la “salida forzada” de Aristide en Haití (2004), la “sustitución constitucional” de Zelaya en Honduras (2009) y el “putsch” policial contra Rafael Correa (2010), ha sumado un nuevo y triste capítulo en el Paraguay. Todos acontecimientos que tienen una matriz en común: ante lo que no puede conseguirse por los votos, no se recurre a las “botas” como en los tradicionales golpes militares, sino a mecanismos constitucionales previstos para otros fines.

Es en este marco, es imprescindible que los paises de la región y la comunidad internacional se pronuncien repudiando la destitución del legítimo presidente, Fernando Lugo, solicitando la total restauración de la institucionalidad democrática en la hermana República de Paraguay.