A sólo nueve meses de las próximas elecciones presidenciales, el Senado de Paraguay destituyó al presidente Fernando Lugo en el marco de un simulacro de juicio político sumarísimo, sin libelo acusatorio que lo justifique ni respeto por las mínimas garantías de debido proceso y derecho de defensa en juicio.
Se consumaba así un golpe contra la voluntad popular en la hermana República del Paraguay.
El inconmensurable cinismo de quienes fundamentan la destitución del presidente democráticamente electo alegando “que todo fue hecho dentro del marco constitucional”, elude la cuestión fundamental que está en juego: se ha cambiado una legitimidad de origen centrada en la soberanía popular por otra emanada de espurios acuerdos entre la vieja política y el establishment económico.
La elección de Lugo en 2008 representó el final de 61 años de hegemonía del Partido Colorado, que incluyó casi dos décadas de gobierno del dictador Alfredo Stroessner, y que dejó un legado de corrupción, pobreza y desigualdad. La elección de un obispo, decente, progresista, fue demasiado para los intereses de la oligarquía, los grupos de poder económico, y los partidos tradicionales que rigieron por varias décadas los destinos del Paraguay.
El 80% de las tierras fértiles está en manos de sólo el 2% de la población. Esta oligarquía de latifundistas de tierras malhabidas, junto a empresarios que se enriquecieron al calor del poder y a mafias de todo tipo, en connivencia con el oportunismo de la vieja clase política, es lo que está sin dudas tras la ruptura del orden democrático en Paraguay.
Mientras tanto, el 40% de los paraguayos son pobres, y la mitad de ellos indigentes. A esta realidad es la que se quiso enfrentar Lugo durante su gestión; y lo terminó pagando con su cargo.
Lo acontecido abona además la preocupación por la emergencia en América Latina de un nuevo tipo de golpismo del siglo XXI. Este nuevo fenómeno –como señala Juan Carlos Tokatlián- que se inauguró en el año 2000 con la “remoción legal” de Mahuad en Ecuador, y que continuó con el derrocamiento “institucional” de Hugo Chávez en Venezuela (2002), con la “salida forzada” de Aristide en Haití (2004), la “sustitución constitucional” de Zelaya en Honduras (2009) y el “putsch” policial contra Rafael Correa (2010), ha sumado un nuevo y triste capítulo en el Paraguay. Todos acontecimientos que tienen una matriz en común: ante lo que no puede conseguirse por los votos, no se recurre a las “botas” como en los tradicionales golpes militares, sino a mecanismos constitucionales previstos para otros fines.
Es en este marco, es imprescindible que los paises de la región y la comunidad internacional se pronuncien repudiando la destitución del legítimo presidente, Fernando Lugo, solicitando la total restauración de la institucionalidad democrática en la hermana República de Paraguay.
