Cuando presentamos el proyecto de ley hace mucho tiempo para elevar la jubilación al 82% del mínimo vital y móvil y aplicar una escala de recomposición de las demás jubilaciones y pensiones de acuerdo al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Caso Badaro I y II, sabíamos que más temprano que tarde este tema iba a cobrar una importante repercusión nacional.
De los cinco millones y medio de jubilados, el 75% cobra la jubilación mínima que es $895, por lo tanto son pobres. Basta pensar que una canasta básica de alimentos está por encima de los$2000. Del otro lado, la ANSES tiene casi $170000 millones del Fondo de Garantia de Sustentabilidad, $45000 millones de superavit, $17000 millones de ganancia por los intereses de las letras del tesoro . Podriamos seguir explicando porque decimos una ANSES RICA Y JUBILADOS POBRES, pero los números hablan por sí mismos.
¿Por qué entonces el gobierno nacional se niega a reconocer un derecho constitucional, un hecho de estricta justicia y elige el camino de descalificación de una medida correcta, desmereciendo de esa manera a todos los jubilados y sus familias?.
Son dos motivos evidentes: el primero es que estas transferencias automáticas a los jubilados le reducirá la disponibilidad de una caja gigantesca que usa, como tantas otras, con discrecionalidad para disciplinar gobernadores, intendentes y legisladores. El segundo motivo es más increíblemente estúpido pero real en la argentina actual: la propuesta de recomponer los haberes de los jubilados no ha sido iniciativa del gobierno sino de la oposición.
Esperamos entonces, que tal como pasó con la asignacion universal por hijo, el gobierno nacional después de rechazar durante mucho tiempo la medida planteando que era impracticable, que no habia fondos suficientes, que quienes la proponíamos eramos demagogos, vuelva sobre sus pasos y termine con una situación injusta, inconstitucional y absurda: una ANSES RICA Y JUBILADOS POBRES.
El problema con el que hoy se encuentra el gobierno nacional es que si no resuelve el tema como acostumbra: rápido y por decreto, lo resolverá en poco tiempo el Parlamento. Corresponde que así sea, que se sancione una ley que convierta en politica de estado no jugar con la vida de nuestros jubilados.
