Veinticinco años de democracia no lograron, todavía, que el Parlamento argentino sancione una Ley de Radiodifusión.
La pregunta inmediata es, ¿por qué? No es casual entonces que esto ocurra cuando son muchos los intereses económicos en pugna y los formidables juegos de poder que se manifiestan. Se discute nada más ni nada menos la posibilidad en el siglo XXI de progresar en la democratización de la información, de garantizar la libertad de expresión y el acceso de todos a la revolución de las comunicaciones.
Los distintos gobiernos enviaron en estos años proyectos de ley al Congreso, una cantidad importante de diputados y senadores nacionales presentaron también proyectos, ninguno avanzó. Sí, se dictaron 205 normas que modificaron el bando militar que rige la radiodifusión argentina. De todas ellas sólo nueve se hicieron por ley, ochenta por decreto y 126 por decisiones administrativas. La mayoría de las veces, casi siempre, por presiones del poder económico sobre el poder político con un resultado que está a la vista: creciente concentración de la titularidad de los medios de comunicación, exclusión de actores sociales como las cooperativas y las universidades que puedan generar propuestas de radiodifusión alternativas y, vacíos legales frente a las nuevas tecnologías en la materia.
El actual gobierno, -el mismo que a través del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 527de 2005 tomó la medida discrecional e injustificada de prorrogar la explotación de las licencias por diez años, consolidando los privilegios existentes a favor de los grupos concentrados- envía ahora un proyecto de ley al Congreso.
El gobierno nacional, después de la derrota que sufriera en las urnas el 28 de junio, se comporta como en aquella muy aguda ocurrencia de Bertold Brecht - que Eric Hobsbawm describe en "Años interesantes"- acerca de un gobierno que al no lograr el consenso del pueblo, entonces disolvía al pueblo y elegía a otro nuevo.
La sociedad es la que está con su nivel de conciencia marcando un nuevo camino, y le dio en este sentido un claro mensaje al gobierno que debe cambiar las prácticas hegemónicas y concentradoras por un nuevo diálogo con el Parlamento y con la sociedad. Sin embargo, el gobierno ante la derrota interpreta que debe profundizar las practicas que lo llevaron a la misma. La pregunta surge de forma inmediata ¿y si hubiese ganado?
Una ley de esta envergadura no puede tratarse a libro cerrado en tiempo récord, como se ha hecho con tantas leyes importantes en los ultimos anos. Tampoco demorarse su tratamiento con el argumento que debe ser el “nuevo Parlamento” a partir del 10 de diciembre el que la trate. En definitiva, la coartada para que no se sancione nunca como hasta el presente una nueva ley de Radiodifusión.
El Congreso debe abrir hoy un amplio debate público con amplia participación ciudadana que concrete una nueva radiodifusión como servicio esencial para el desarrollo social, cultural y educativo de la población, y no que la misma resulte solo negocios para unos pocos.
En una sociedad democrática, la comunicación desempeña una función trascendente para garantizar la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la información, derechos humanos consagrados en la Constitución Nacional.
La pregunta inmediata es, ¿por qué? No es casual entonces que esto ocurra cuando son muchos los intereses económicos en pugna y los formidables juegos de poder que se manifiestan. Se discute nada más ni nada menos la posibilidad en el siglo XXI de progresar en la democratización de la información, de garantizar la libertad de expresión y el acceso de todos a la revolución de las comunicaciones.
Los distintos gobiernos enviaron en estos años proyectos de ley al Congreso, una cantidad importante de diputados y senadores nacionales presentaron también proyectos, ninguno avanzó. Sí, se dictaron 205 normas que modificaron el bando militar que rige la radiodifusión argentina. De todas ellas sólo nueve se hicieron por ley, ochenta por decreto y 126 por decisiones administrativas. La mayoría de las veces, casi siempre, por presiones del poder económico sobre el poder político con un resultado que está a la vista: creciente concentración de la titularidad de los medios de comunicación, exclusión de actores sociales como las cooperativas y las universidades que puedan generar propuestas de radiodifusión alternativas y, vacíos legales frente a las nuevas tecnologías en la materia.
El actual gobierno, -el mismo que a través del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 527de 2005 tomó la medida discrecional e injustificada de prorrogar la explotación de las licencias por diez años, consolidando los privilegios existentes a favor de los grupos concentrados- envía ahora un proyecto de ley al Congreso.
El gobierno nacional, después de la derrota que sufriera en las urnas el 28 de junio, se comporta como en aquella muy aguda ocurrencia de Bertold Brecht - que Eric Hobsbawm describe en "Años interesantes"- acerca de un gobierno que al no lograr el consenso del pueblo, entonces disolvía al pueblo y elegía a otro nuevo.
La sociedad es la que está con su nivel de conciencia marcando un nuevo camino, y le dio en este sentido un claro mensaje al gobierno que debe cambiar las prácticas hegemónicas y concentradoras por un nuevo diálogo con el Parlamento y con la sociedad. Sin embargo, el gobierno ante la derrota interpreta que debe profundizar las practicas que lo llevaron a la misma. La pregunta surge de forma inmediata ¿y si hubiese ganado?
Una ley de esta envergadura no puede tratarse a libro cerrado en tiempo récord, como se ha hecho con tantas leyes importantes en los ultimos anos. Tampoco demorarse su tratamiento con el argumento que debe ser el “nuevo Parlamento” a partir del 10 de diciembre el que la trate. En definitiva, la coartada para que no se sancione nunca como hasta el presente una nueva ley de Radiodifusión.
El Congreso debe abrir hoy un amplio debate público con amplia participación ciudadana que concrete una nueva radiodifusión como servicio esencial para el desarrollo social, cultural y educativo de la población, y no que la misma resulte solo negocios para unos pocos.
En una sociedad democrática, la comunicación desempeña una función trascendente para garantizar la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la información, derechos humanos consagrados en la Constitución Nacional.
