Al finalizar los cumpleaños de niños, cuando se rompe la piñata de la cual caen caramelos y golosinas, la expresión habitual de los mayores es “no vale hacer remerita”. Esto es así porque algunos pícaros se valen de la remera utilizada a manera de una bolsa para que caiga allí la mayor cantidad de caramelos y golosinas, método mucho más rápido que recoger del piso uno a uno.
Cuando se repasan detenidamente los artículos 152, 38 y 25 del proyecto oficial de Medios Audiovisuales, surge de la combinación de los mismos una fenomenal “piñata” que no hay que tener demasiada imaginación para saber quién hará “la remerita”.
El artículo 152 establece que el plazo de un año para la adecuación de los actores a las prescripciones de la nueva ley (cantidad máxima de licencias, composición societaria, etc) no se computará a partir de la sanción de la ley sino “desde que la autoridad de aplicación establezca los mecanismos de transición”, es decir desde que lo establezca el propio gobierno.
El artículo 38 establece una serie de restricciones que obligarán a varios grandes medios a desprenderse de muchas licencias y empresas, hecho en sí positivo. Pero al mismo tiempo, ya se especula en qué manos pueden caer las mismas, a precios devaluados. Algún ejemplo paradigmático de esta práctica ya lo podemos encontrar en la venta de acciones de YPF.
Y la combinación se cierra con el artículo 25, que habilita el acceso a las telefónicas al negocio del cable, y quienes a la luz de las restricciones a la participación de capital extranjero establecidas en la Ley de Bienes Culturales de 2003 y en el inciso IV del mencionado artículo, deberán asociarse con “inversores nacionales”.
La autoridad de aplicación, en razón de la composición mayoritaria del Ejecutivo (3 sobre 5), habilita a algún funcionario a “hacer la remerita”, con la consecuencia directa que esta ley no será la ley de la democracia que nos debemos los argentinos, una norma que garantice la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la información –derechos humanos consagrados en la Constitución Nacional-, sino que resultará fundamentalmente un gran negocio para unos pocos amigos del poder.
Cuando se repasan detenidamente los artículos 152, 38 y 25 del proyecto oficial de Medios Audiovisuales, surge de la combinación de los mismos una fenomenal “piñata” que no hay que tener demasiada imaginación para saber quién hará “la remerita”.
El artículo 152 establece que el plazo de un año para la adecuación de los actores a las prescripciones de la nueva ley (cantidad máxima de licencias, composición societaria, etc) no se computará a partir de la sanción de la ley sino “desde que la autoridad de aplicación establezca los mecanismos de transición”, es decir desde que lo establezca el propio gobierno.
El artículo 38 establece una serie de restricciones que obligarán a varios grandes medios a desprenderse de muchas licencias y empresas, hecho en sí positivo. Pero al mismo tiempo, ya se especula en qué manos pueden caer las mismas, a precios devaluados. Algún ejemplo paradigmático de esta práctica ya lo podemos encontrar en la venta de acciones de YPF.
Y la combinación se cierra con el artículo 25, que habilita el acceso a las telefónicas al negocio del cable, y quienes a la luz de las restricciones a la participación de capital extranjero establecidas en la Ley de Bienes Culturales de 2003 y en el inciso IV del mencionado artículo, deberán asociarse con “inversores nacionales”.
La autoridad de aplicación, en razón de la composición mayoritaria del Ejecutivo (3 sobre 5), habilita a algún funcionario a “hacer la remerita”, con la consecuencia directa que esta ley no será la ley de la democracia que nos debemos los argentinos, una norma que garantice la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la información –derechos humanos consagrados en la Constitución Nacional-, sino que resultará fundamentalmente un gran negocio para unos pocos amigos del poder.
