El país se encuentra atravesando una coyuntura externa altamente favorable en cuanto al valor de sus exportaciones, sin precedentes en los últimos 50 años. En el marco de este contexto, la producción agropecuaria se convirtió en pilar fundamental de la recuperación económica general en la salida de la crisis que hizo eclosión en 2001.
Argentina solo podrá aprovechar en el largo plazo este escenario favorable si crea las condiciones necesarias para un aumento sustancial de su capacidad productiva, resguardando al mismo tiempo el consumo interno, especialmente garantizando el de los sectores de menores ingresos.
En este contexto, el Partido Socialista ha promovido en los distintos espacios institucionales en los que participa un conjunto de propuestas no sólo para la resolución del conflicto actual, sino para la formulación de una política agropecuaria de mediano y largo plazo concebida como política de Estado, con el convencimiento de que:
1- El Gobierno Nacional debe, en razón de su mayor responsabilidad institucional, convocar a las cuatro entidades del sector agropecuario a la reanudación del diálogo de forma urgente. Asimismo, tal como lo ha planteado el PS en la Cámara de Diputados de la Nación, es necesario convocar a un Consejo Federal Agropecuario Ampliado que, con la participación de los gobiernos provinciales de la región agropecuaria, organizaciones civiles, sectoriales y las instituciones científico-tecnológicas, se erija como un espacio institucional permanente de debate con un criterio federal.
2- Es necesario reconocer las asimetrías existentes entre los grandes pooles de siembra y pequeños y medianos productores, a través del establecimiento de un esquema de retenciones diferencial y progresivo, que tome en cuenta el tamaño de la explotación agrícola y la producción obtenida. Así lo hemos planteado en el proyecto de ley presentado por el bloque socialista en la Cámara de Diputados.
3- La definición del conflicto debe darse a partir de la formulación concertada e implementación de una verdadera política de Estado en materia agropecuaria para el mediano y largo plazo, hoy inexistente.
4- El conflicto entre el Gobierno Nacional y el sector agropecuario ha desnudado, en el marco de un sistema tributario que se caracteriza no sólo por la fuerte regresividad y asimetría sino también por su diseño fuertemente centralista, un conflicto entre Nación y Provincias respecto a la distribución de la renta nacional. En este marco, el Partido Socialista demanda el inmediato cumplimiento de la ley vigente de Coparticipación Federal en lo que respecta al piso de recursos del 34% sobre el total recaudado que debe se distribuido a las provincias –de acuerdo al proyecto presentado por el bloque socialista en el Senado de la Nación-, y la pronta sanción de una nueva ley de Coparticipación Federal de Impuestos que, en cumplimiento del mandato constitucional, permita la construcción de un federalismo fuerte y el pleno respeto de las autonomías provinciales.
5- El Congreso Nacional es el ámbito institucional para concretar a través de leyes la política a mediano y largo plazo para el sector agropecuario, y al que la Constitución Nacional le ha asignado la atribución de establecer y modificar los tributos nacionales, y por ello es quien debe fijar el esquema y nivel de retenciones a aplicarse para la exportación de granos.
El proceso de concentración de la tierra y de “sojización” no se ha detenido en los últimos años; es necesario por ello una política integral en la materia como lo sostuviera el maestro Juan B. Justo, pionero en el estudio del problema agrario en la República Argentina, a cuya instancia el PS aprobó en 1901 un programa agrario muy avanzado para la época que daría inicio a la legislación agraria argentina. Programa que planteaba el combate contra el latifundio y la concentración de la tierra, junto a la consecuente promoción de una clase de pequeños propietarios, como los elementos centrales en la estrategia socialista para abordar la cuestión agraria que, como en aquella Argentina del capitalismo finisecular, vuelve a plantearse una vez más –al decir de Justo-, como uno de los “problemas más palpitantes de la vida nacional”.
Argentina solo podrá aprovechar en el largo plazo este escenario favorable si crea las condiciones necesarias para un aumento sustancial de su capacidad productiva, resguardando al mismo tiempo el consumo interno, especialmente garantizando el de los sectores de menores ingresos.
En este contexto, el Partido Socialista ha promovido en los distintos espacios institucionales en los que participa un conjunto de propuestas no sólo para la resolución del conflicto actual, sino para la formulación de una política agropecuaria de mediano y largo plazo concebida como política de Estado, con el convencimiento de que:
1- El Gobierno Nacional debe, en razón de su mayor responsabilidad institucional, convocar a las cuatro entidades del sector agropecuario a la reanudación del diálogo de forma urgente. Asimismo, tal como lo ha planteado el PS en la Cámara de Diputados de la Nación, es necesario convocar a un Consejo Federal Agropecuario Ampliado que, con la participación de los gobiernos provinciales de la región agropecuaria, organizaciones civiles, sectoriales y las instituciones científico-tecnológicas, se erija como un espacio institucional permanente de debate con un criterio federal.
2- Es necesario reconocer las asimetrías existentes entre los grandes pooles de siembra y pequeños y medianos productores, a través del establecimiento de un esquema de retenciones diferencial y progresivo, que tome en cuenta el tamaño de la explotación agrícola y la producción obtenida. Así lo hemos planteado en el proyecto de ley presentado por el bloque socialista en la Cámara de Diputados.
3- La definición del conflicto debe darse a partir de la formulación concertada e implementación de una verdadera política de Estado en materia agropecuaria para el mediano y largo plazo, hoy inexistente.
4- El conflicto entre el Gobierno Nacional y el sector agropecuario ha desnudado, en el marco de un sistema tributario que se caracteriza no sólo por la fuerte regresividad y asimetría sino también por su diseño fuertemente centralista, un conflicto entre Nación y Provincias respecto a la distribución de la renta nacional. En este marco, el Partido Socialista demanda el inmediato cumplimiento de la ley vigente de Coparticipación Federal en lo que respecta al piso de recursos del 34% sobre el total recaudado que debe se distribuido a las provincias –de acuerdo al proyecto presentado por el bloque socialista en el Senado de la Nación-, y la pronta sanción de una nueva ley de Coparticipación Federal de Impuestos que, en cumplimiento del mandato constitucional, permita la construcción de un federalismo fuerte y el pleno respeto de las autonomías provinciales.
5- El Congreso Nacional es el ámbito institucional para concretar a través de leyes la política a mediano y largo plazo para el sector agropecuario, y al que la Constitución Nacional le ha asignado la atribución de establecer y modificar los tributos nacionales, y por ello es quien debe fijar el esquema y nivel de retenciones a aplicarse para la exportación de granos.
El proceso de concentración de la tierra y de “sojización” no se ha detenido en los últimos años; es necesario por ello una política integral en la materia como lo sostuviera el maestro Juan B. Justo, pionero en el estudio del problema agrario en la República Argentina, a cuya instancia el PS aprobó en 1901 un programa agrario muy avanzado para la época que daría inicio a la legislación agraria argentina. Programa que planteaba el combate contra el latifundio y la concentración de la tierra, junto a la consecuente promoción de una clase de pequeños propietarios, como los elementos centrales en la estrategia socialista para abordar la cuestión agraria que, como en aquella Argentina del capitalismo finisecular, vuelve a plantearse una vez más –al decir de Justo-, como uno de los “problemas más palpitantes de la vida nacional”.
