Las consecuencias del reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos favoreciendo a los fondos buitre, ratifican lo que siempre dijimos: la deuda fue y es una pesada carga en la espalda de todos los argentinos.
El incumplimiento del histórico fallo del Juez Ballesteros que ordenaba auditar dicha deuda a fin de analizar su legitimidad determina que hayamos pagado en los últimos años más de 400.000 millones de dólares y debemos aún más de 250.000 millones.
Desde el primer empréstito con la banca Baring de 1824, los argentinos hemos aprendido con dolor que la deuda externa fue el flagelo socioeconómico que marcó nuestra economíaa lo largo de la historia.
Cuando fue el golpe al general Perón, en 1955, la deuda era de 57 millones de dólares. En junio del año posterior, en 1956, la Argentina se incorpora al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y renuncia a los convenios bilaterales para entrar al Club de París. En 1958 la dictadura emergente deja 1.051 millones de dólares de deuda.
El gobierno digno de Arturo Illia, en 1963, reduce la deuda externa en 400 millones de dólares, quedando en 1.700. Sin embargo, las dictaduras de Onganía, Levingston y Lanusseduplican la deuda externa y la llevan a 3.782 millones. Ya empiezan a aparecer nombrescomo Krieger Vasena y Martínez de Hoz, los cerebros que van a diseñar esta gran estafa.
Con el golpe de 1976 la deuda se dispara a 37.300 millones de dólares, quintuplicando la de 1975 durante el gobierno de Isabel Perón. Ya con el retorno de la democracia, y después del Plan Austral y la crisis que se disparó en 1989, la deuda queda en 57.777 millones hasta que en los 90 se establece el Plan Brady.
El Plan Brady –llamado así en honor al Secretario del Tesoro de Estados Unidos- vino a ofrecer una supuesta reestructuración de la deuda con una quita del 35 por ciento, pero a cambio de las reformas estructurales que nos exigían, y que estaban referenciadas en lo que se llamaba “el Consenso de Washington. Al Plan Brady le siguieron el Blindaje y el Megacanje.
El resultado, una verdadera tragedia económica y social; y no solamente no se soluciona el problema de la deuda sino que se encorseta a la República Argentina en una situación muchísimo más grave a futuro. En efecto, de aquella deuda que teníamos con organismos multilaterales o países, nuestros deudores pasaron a ser bonistas, que pudieron ser jubilados alemanes, italianos o japoneses que compraron y vendieron –algunos se sintieron estafados– sus bonos; pero los que siempre hicieron el gran negocio fueron esos llamados fondos buitre.
Por ello, seguimos insistiendo en la necesidad de crear una Comisión Bicameral para la Deuda Argentina que, en consonancia con las atribuciones conferidas por nuestra Constitución Nacional al Congreso de la Nación, indague sobre la ilegitimidad de la deuda, y, a partir de sus antecedentes, proceder a formular las estrategias para abordar el tema en todas sus dimensiones.
Debemos abordar la deuda como política de Estado, y para ello el Congreso debe retornar sus facultades. Alejandro Olmos decía, “las deudas se pagan: las estafas, no”.
La situación en que deja al país el fallo del juez Griesa sobre los fondos buitres es de mucha gravedad, ante lo cual debemos buscar un camino de salida que no genere graves consecuencias para la Argentina.
