Hace 18 años en el atentado de la AMIA murieron 85 personas, la mayoría de ellos trabajadores y estudiantes argentinos. Han pasado demasiados años donde el derecho de las víctimas y el dolor de los familiares sigue esperando reparación.
El acuerdo firmado por estos días entre el gobierno de Cristina Fernandez e Irán no solo no destraba ni acelera la causa, sino que nos aleja lamentablemente de la verdad y la justicia.
Primero, porque es violatorio de la division de poderes: dos poderes el ejecutivo y el legislativo interfieren en un proceso en pleno desenvolvimiento de una causa, en tramite ante un juez natural del Poder Judicial.
Segundo: de acuerdo al texto del memorándum de entendimiento, la comisión ad-hoc creada puede en la práctica terminar con el proceso judicial a través de sus recomendaciones, caminando peligrosamente hacia la impunidad.
Tercero: la comparencia de los acusados al interrogatorio no queda garantizada, ya que de acuerdo a la Ley y la Constitución Iraní, las personas de esta nacionalidad solamente pueden ser interrogadas o cuestionadas por una Corte competente iraní basada en fuerte evidencia.
Muchos interrogantes se abren acerca de por qué el gobierno firma un acuerdo que es claramente perjudicial al país. Alguno de ellos habla de la mejora en la balanza comercial entre Argentina e Irán, mas este como ningún otro interrogante se compadece con el grave retroceso que significa la firma de este acuerdo para la memoria, la verdad y la justicia.
