“Quiero manifestar que considero que con el presente proyecto de ley el Poder Ejecutivo nacional continúa avanzando en su política de manejo discrecional de los fondos públicos. Esto es innegable; porque esta facultad que se le da al gobierno nacional a partir de la modificación de la ley de Administración Financiera le deja la libre disponibilidad de los 100 mil millones anuales del presupuesto nacional.
Por lo tanto, creo que la ley de Presupuesto —respecto de la cual se dijo en abundancia hoy que es la "ley de leyes"— se transformará en una norma virtual, porque en la práctica será reemplazada por las potenciales decisiones del gobierno nacional. La habilitación es para que se pueda reformar todo el presupuesto.
Y no se trata indudablemente de un hecho aislado. Tengamos en cuenta en este sentido la administración de los recursos públicos bajo la forma de los fondos fiduciarios creados –que han crecido a dieciséis- con un flujo de ingreso anual superior a 3.700 millones de pesos. En consecuencia, sabemos que lo que se propone se contradice con una administración que quiere tener una planificación, control y transparencia en el manejo de esos fondos públicos.
Además, hay que tener en cuenta la falta de información y control existente. Bien se dijo que la SIGEN y la Auditoría General de la Nación controlan los fondos fiduciarios, pero todos somos conscientes de que es absolutamente imposible comparar el manejo de los fondos fiduciarios con el de la imputación presupuestaria, ya que en este último caso se tiene una verdadera certeza acerca de lo que pasará en un año con esos fondos; y eso se aprecia con las obras públicas. Y esto se ve asimismo agravado también por la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia 906/04, el cual posibilita al Poder Ejecutivo desviar recursos de los fondos fiduciarios.
Otro elemento que también determina que esto no es un hecho aislado, fue la sanción de la ley de cargos específicos, que acá se discutió mucho, pero que lamentablemente se aprobó y que yo considero negativa, porque avanzó en el manejo discrecional de fondos. Y dicha ley significó también otro retroceso de este Parlamento, porque el Poder Ejecutivo se arrogaba la posibilidad de imponer cargos, que es facultad exclusiva del Congreso de la Nación.
Creo entonces que se repiten y se profundizan los mismos viejos vicios institucionales del país: una centralización de la relación de poder a nivel horizontal del Poder Ejecutivo en desmedro del Congreso y una centralización de la relación Nación—provincias en detrimento de estas ultimas. Y vamos deslizándonos así en lo que Guillermo O’Donell señala como una “democracia delegativa”, es decir, la democracia representativa va configurándose en un presidencialismo cada vez más profundo”.
(Intervención del Senador Giustiniani fundamentando su voto negativo a la ley de superpoderes, 13 de julio de 2006)
