Sofisma según la Real Academia Española es un argumento aparente con que se quiere defender que lo falso es verdadero.
La Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner hizo referencia recientemente y en dos oportunidades a los montos transferidos a la provincia de Santa Fe en concepto de coparticipación, resaltando que “los mismos se encuentran en su máximo valor histórico”.
Las dos oportunidades que utilizó, una en su discurso en la presentación de un plan de viviendas en Rosario y la otra en el discurso de apertura de las sesiones del período legislativo del Parlamento Nacional, obviamente, no pudieron tener una respuesta inmediata por las circunstancias en que se realizaron.
Es verdad lo dicho por la Presidenta de la Nación que la coparticipación a la provincia de Santa Fe en el año 2008 ascendió a $4.398 millones, cifras que efectivamente en valores nominales son las más altas alcanzadas. Pero la Presidenta omite decir, al hacer mención de cifras nominales de transferencia que, como lo ha experimentado la mayoría de las variables económicas en los últimos tiempos, las mismas han aumentado producto del crecimiento económico y del proceso inflacionario. Podría con el mismo criterio presidencial decirse que un jubilado que cobra $690 está en su “máximo valor histórico”, pero es obvio que estas afirmaciones carecen de sustento en sí mismas si no se referencian en cuánto le cuesta vivir dignamente a un jubilado o cuánto le cuesta a la provincia llevar adelante las funciones mínimas de salud, educación, justicia, seguridad y acción social entre otras.
Desde otra perspectiva existen sin embargo, diversos indicadores que nos señalan que la participación de las provincias ha decrecido en el total de los recursos y particularmente para Santa Fe existe una injustificable desproporción entre el aporte que realiza su economía a las arcas nacionales, las necesidades insatisfechas de nuestra población y los montos que recibe por transferencia por todo concepto.
En numerosas oportunidades se ha planteado el problema de la centralización de los recursos y el incumplimiento del artículo 7 de la Ley de coparticipación que establece un piso de garantía al determinar que “El monto a distribuir a las provincias, no podrá ser inferior al treinta y cuatro por ciento (34%) de la recaudación de los recursos tributarios nacionales de la Administración central, tengan o no el carácter distribuible por esta ley”.
Así vemos que durante el año 2008 el total recaudado por la Nación ascendió a $269.375 millones(incluye impuestos y contribuciones a la seguridad social), mientras que lo transferido a las provincias en concepto de coparticipación sumó $68.809 millones, es decir un 25,54%. En pesos la diferencia de menor coparticipación respecto a la garantía establecida es de $22.778 millones. Si tomamos los últimos 6 años (2003/2008), la diferencia acumulada por menor coparticipación al conjunto de las provincias es de $83.548 millones.
Otro dato revelador de esta centralización es que mientras el total de los recursos nacionales se incrementó en el año un 34,8%, la coparticipación a las provincias sólo lo hizo en un 25,8%.
Para la provincia de Santa Fe, de regir el piso de la garantía de coparticipación le hubiesen correspondido durante el año 2008 una coparticipación de $8.206 millones. Esta cifra es si consideramos que para el cálculo de la garantía coparticipable deben incluirse los recursos de la seguridad social, postura que sostenemos ya que la ley se refiere a la totalidad de los recursos. Sin embargo si no consideramos esos recursos (que en el año ascendieron a $51.143 millones , la coparticipación a Santa Fe debería haber ascendido a $6.600 millones, es decir $2.300 millones más que los que se le han girado.
Otro aspecto a considerar es el aporte que realiza la economía santafesina en el total de los ingresos públicos nacionales. Particularmente nuestra provincia sufre un hecho que necesariamente debe ser contemplada en la discusión de la distribución de recursos en un marco de solidaridad y aporte al equilibrio regional. Un aspecto principal del fortalecimiento de las finanzas nacionales lo constituyen las retenciones a las exportaciones. Durante el año 2008, por los derechos de exportación se recaudaron $36.055 millones. Conforme a los datos estadísticos de la AFIP, del total de retenciones corresponden a exportaciones de productos primarios y manufacturas de origen agroindustrial el 63% de las mismas. De dichas exportaciones, fundamentalmente merced al aporte de los complejos oleaginoso y cerealero, nuestra provincia tiene una participación del 35%, por lo cual la economía santafesina aporta una porción importante del monto recaudado en concepto de retenciones estimado en $7.950 millones para el año 2008. Debemos tener presente que, a diferencia de las provincias petroleras, no recibe regalías por dicha producción.
Si bien por disposición constitucional los recursos aduaneros corresponden exclusivamente a la Nación, y el gobierno nacional argumenta que son destinados a las provincias de manera indirecta a través del financiamiento de políticas sociales, es preciso entablar un debate acerca del mismo, y sin duda se requiere una mayor participación de la provincia en la definición del destino de dichos recursos.
Más allá de las retenciones, del resto de los impuestos dentro de nuestra provincia se recauda el 4,9% del total y de la seguridad social se recauda un 6,4%. Es decir que nuestra economía provincial aporta al fisco nacional los siguientes montos: Impuestos Nacionales: 8.926 millones; Seguridad Social: 3.913 millones; Retenciones: 7.950 millones
Sumados el aporte de nuestra economía a la recaudación total nacional es de $20.789 millones. De todo lo aportado, vemos que en concepto de recaudación, sólo se le devuelve a nuestra provincia un 21,11%. Es decir de cada cien pesos que enviamos, retornan sólo veinte.
Los datos nos demuestran la injusta distribución de recursos que sufre nuestra provincia.
Es necesario discutir un nuevo esquema de coparticipación bajo las pautas establecidas en nuestra constitución de automaticidad en la remisión de fondos, objetividad en los criterios de reparto, equidad, solidaridad y prioridad en el logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. Estos criterios actualmente no se cumplen. Más allá de esta discusión, cumplir con la garantía legal del 34% es posible implementarlo en forma inmediata y significaría un sustancial avance en el fortalecimiento del federalismo fiscal. Es correcto entonces, ante la negativa del gobierno nacional, recurrir a la justicia para reparar esta situación.
En la Grecia antigua los sofistas eran un grupo de intelectuales que poseían una gran dote de retórica y dialéctica. Entre sus sentencias se encuentra aquella que cada individuo percibe al mundo a su modo y conveniencia. Quizás por ello el movimiento sofista degeneró convirtiéndose en un medio lucrativo: manipular a la sociedad con argumentos relativos y hasta con falsas nociones sólo para obtener alguna utilidad material.
Quizás, sin reconocerse en otros tiempos, en la política argentina suele recurrirse con frecuencia a sofismas, que la sapiencia popular suele descubrir con relativa facilidad.
