UN FUTURO PROMISORIO Y UN PRESENTE DE MUCHO COMPROMISO

Tenemos la gran satisfacción de haber alcanzado un piso muy alto de apoyo que le da al Frente Progresista Cívico y Social una perspectiva muy positiva de crecimiento e inserción en toda la provincia. En una campaña que arrancamos de abajo, y tras una espectacular remontada, alcanzamos una votación por encima del 40 %, con casi 700 mil votos en la provincia de Santa Fe. Indudablemente no nos alcanzó para ganar. Pero estos números, muy altos si los comparamos con otros distritos electorales del país donde varios candidatos ganaron con porcentajes bastante menores, nos dan una satisfacción y responsabilidad muy grande.

En el plano nacional, la elección expresó con contundencia la voluntad inapelable de la ciudadanía de cambiar el Congreso Nacional. Era necesario cambiar una mayoría disciplinada del kirchnerismo en el Congreso; para que un Parlamento con una nueva composición permitiera abrir una etapa de mayor dialogo y consenso para abordar la agenda pendiente en la República Argentina. Y mirando los resultados de Santa Fe, de Córdoba, de Entre Ríos, de la provincia de Buenos Aires, se ve la contundente expresión de esa voluntad popular.

Lamentablemente, luego de escuchar las expresiones públicas de la Presidenta de la Nación, vemos que todavía no se tomó registro de la expresión de la ciudadanía en las urnas.

La crisis se manifiesta hoy con su mayor crudeza, y por eso el Congreso de la Nación debe abordar sin más demoras esta problemática. En ese contexto vamos a seguir insistiendo con la eliminación del IVA a los productos de la Canasta Básica de Alimentos, con el reclamo de una movilidad justa que reintegre el 82 % móvil que acerque las jubilaciones al salario mínimo vital y móvil, vamos a insistir con la suspensión por 180 días de los despidos y las suspensiones, vamos a insistir con la rebaja de las tasas de interés para los créditos a las PYMES del campo y la ciudad, que son a quienes hay que apoyar para combatir esta recesión que nos pone otra vez ante el fantasma del desempleo.

Necesitamos el cumplimiento de la actual ley de coparticipación federal, ya que se nos sustraen a las provincias importantes fondos que les corresponden por derecho propio. Necesitamos también la derogación de los superpoderes, que permitió una alta discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos y nos condujo a un proceso de fuerte deterioro institucional. Insistimos en la necesidad de establecer una política nacional agropecuaria consensuada que permita darle a la producción una perspectiva de trabajo y rentabilidad que permita reactivar la actividad en un momento de recesión que golpea duramente. Estos son algunos de los grandes temas de la agenda que se viene en el Congreso.

En cuanto al análisis concreto de las elecciones en el marco provincial también estamos muy satisfechos por lo que hemos producido a lo largo y a lo ancho de la provincia. Ha quedado claro que no hay un voto del Norte y otro del Sur, hemos ganado ampliamente –por más de 10 puntos- por ejemplo en el departamento General Obligado, con un holgado triunfo en ciudades como Reconquista, Avellaneda, y Villa Ocampo. En el otro extremo de la provincia, hemos ganado el departamento Constitución, con un importante triunfo en su cabecera, Villa Constitución. Tampoco se ve una diferencia entre ciudades grandes y ciudades chicas, ya que hemos ganado también en muchas ciudades pequeñas de la provincia, lo que manifiesta que donde pudimos llegar con nuestro mensaje pudimos también obtener resultados importantes.

Y contamos con el resultado esperado de Rosario, donde tuvimos un muy buen desarrollo electoral, y ganamos por casi 17 puntos de diferencia, en todas las seccionales de la ciudad. Los rosarinos nos conocen por la gestión, tanto municipal como parlamentaria, y nos dan un apoyo permanente que es producto de muchos años de trabajo, en los que hemos demostrando honestidad, eficiencia y solidaridad en la práctica de la gestión pública.

Nos fue mal en departamentos importantes como La Capital, Castellanos y Las Colonias, donde evidentemente nuestro mensaje no tuvo la inserción que adquirió en otros lugares de la provincia y en donde la diferencia con respecto a la lista ganadora fue muy importante. Si bien estuvimos arriba del 30 % de los votos en el departamento La Capital, creo que nos falto quizás un poco mas de tiempo para que muchos santafesinos pudieran haber encontrado razones para votarnos.

Este importante resultado electoral nos deja indudablemente una gran responsabilidad hacia adelante. Lo dijimos en la campaña cuando recorrimos más de 25 mil km y 100 localidades, cuando presentamos las propuestas de coparticipación federal, de política agropecuaria, de salud, de políticas sociales, de vivienda, de educación y de infancia. Que ese era nuestro compromiso con la Provincia de Santa Fe, que es nuestro contrato que vamos a cumplir durante el desarrollo de nuestra gestión en las bancas parlamentarias que cada uno de nosotros ocupará. Y por lo tanto, esas propuestas quedan como el contrato de trabajo hacia delante para continuar trabajando para mejorar la calidad de vida de los santafesinos, y para mejorar un Congreso de la Nación.

Por todo ello, entendemos que el saldo de esta campaña y de la expresión libre de la voluntad popular nos deja un saldo altamente positivo para el Frente Progresista Cívico y Social. Nos queda un futuro promisorio, y un presente de mucho compromiso.

EL CONFLICTO AGROPECUARIO Y LA CAJA DE PANDORA

En la mitología griega, Pandora, fue la primera mujer sobre la Tierra, creada por el dios Vulcano a pedido de Zeus, quien deseaba contrarrestar la bendición del fuego que el Titán Prometeo le había robado a los dioses para entregárselo a los seres humanos. Pandora, dotada por los dioses de todos los atributos de la belleza y la bondad, fue enviada a Epimeteo, quien se sintió feliz de tenerla como esposa, aunque su hermano Prometeo le había advertido que no aceptase nada que viniese de Zeus.

Al ofrecer sus presentes a Pandora, los dioses le habían dado una caja, advirtiéndole que nunca la abriera. Su curiosidad, sin embargo, le hizo abrir la misteriosa caja, de la que brotaron innumerables males para la humanidad. Aterrorizada, intentó cerrarla, pero sólo quedaba Esperanza, lo único bueno entre los muchos males que contenía la caja para confortar a la humanidad en sus infortunios.

La Resolución 125 que disparó el conflicto entre el gobierno nacional y el sector agropecuario, abrió la “caja de Pandora” de cuyo interior brotaron cuestiones que no estaban en la agenda del gobierno y pasaron a ser de imprescindible debate de toda la sociedad: la regresiva distribución del ingreso, la inequitativa relación tributaria entre la Nación y las provincias y la metodología de concentración de poder a través de fondos públicos, además de la cuestión agropecuaria en sí misma.

Las retenciones son una herramienta de política económica para desacoplar los precios internos de los precios internacionales (también la aplican Ucrania y Rusia en cereales, Colombia y Guatemala en el café, etc.)y, para capturar una venta coyunturalmente extraordinaria privada por parte del Estado.

Las retenciones deben ser segmentadas y progresivas para no dar igual tratamiento al pool de siembra que al mediano y pequeño productor. En sí, no son progresistas; lo progresista en materia tributaria es bajar el IVA (impuesto indirecto al consumo que aportan fundamentalmente los sectores populares) y aumentar más el impuesto a las ganancias y a las rentas (impuestos directos que gravan a los que más tienen y más ganan). Sólo con una reforma tributaria en dicha dirección nuestro país saldrá de uno de los lugares peores en el mundo y dejará de tener una estructura anacrónica, centralista y regresiva.

Y la cuestión de la distribución del ingreso entró en el debate, porque en una Argentina que creció cinco años continuados al 9% del PBI, es decir que produjo mucha riqueza, la brecha de desigualdad se mantuvo en casi inalterables parámetros. Según datos oficiales, la brecha entre el 10% más rico y el 10% más pobre de la población es hoy de 28,7 veces, cuando hace 10 años era de 22,8 veces y en 1975 –antes que comenzara el cuarto de siglo neoliberal y la dictadura militar-, era de sólo 9,5 veces.

A contramano del discurso oficial, la actual situación favorece la concentración de la tierra y la “sojización”. Mientras cada año se alcanzan cosechas récord, la cantidad de productores disminuyó un 25%. La tendencia concentradora se agudiza: 2000 empresas controlan el 80% de la producción y, tres grandes empresas controlan más de la mitad de los embarques de granos, aceites y harinas. En los últimos cinco años aumentó la sojización y la tendencia al monocultivo se fortalece ante la inexistencia de políticas oficiales en apoyo y fomento de los cultivos alternativos, a actividades tradicionales como la lechería o a las economías regionales.

La motivación de la Resolución 125 fue claramente fiscal, derivada del crecimiento descontrolado del esquema de subsidios y de los vencimientos de la deuda externa. No estuvo entonces comprendida en una estrategia para el sector agropecuario que se asentara en el favorable contexto internacional y desarrollara una política sustentable a mediano y largo plazo, sobre todo para los pequeños y medianos productores y las economías regionales.

Las retenciones coparticipan a las provincias CERO PESOS CERO CENTAVOS. Esto explica en parte que hoy el gobierno nacional incumpla la ley de coparticipación federal que establece un piso de distribución del 34% de la masa total de recursos (se encuentra en sólo el 27% para las provincias cuando hace 10 años era del 60%).

Superávit fiscal alto en la Nación y déficit creciente en las provincias tienen estrecha relación entre sí.

Los derechos aduaneros formaron parte del debate mismo de la unidad de la Nación desde los tiempos de nuestra independencia y su federalización - lograr que dejen de ser el monopolio de Buenos Aires- se realizó en beneficio del interés de todo el país, es decir de todo su interior.

Finalmente, la cuestión de la metodología del gobierno nacional que concentra poder, disciplinando a través de los fondos públicos, se enlaza con la distribución inequitativa de los recursos. Por ello adquiere entidad la rejerarquización del Parlamento, o dicho de otro modo que finalice un “delegacionismo” de facultades que son propias del Congreso y que hoy concentra el Poder Ejecutivo debilitando así a la democracia.

“Esperanza” era entonces, según la mitología , quien podía alejar los infortunios. El conflicto agropecuario, de cuatro meses de duración, deja muchas lecciones para todos. El gobierno nacional – que fue quien más perdió- debe cambiar y marcar una agenda clara que se necesita para empezar a ser un país normal. La transparencia en el manejo de los dineros públicos y una mayor justicia social son puntos de referencia en un camino que desande el consenso perdido.

Las hegemonías construidas sólo a fuerza de concentración de fondos públicos, sin equidad, parecen omnipotentes pero son efímeras, porque cómo lo demostró Misiones, terminan cuestionadas socialmente, es un gran elefante con pie de barro.

El país y nuestro pueblo reclaman más democracia, es decir más igualdad, más libertad y más participación.

EL SOCIALISMO ANTE EL CONFLICTO AGROPECUARIO

El país se encuentra atravesando una coyuntura externa altamente favorable en cuanto al valor de sus exportaciones, sin precedentes en los últimos 50 años. En el marco de este contexto, la producción agropecuaria se convirtió en pilar fundamental de la recuperación económica general en la salida de la crisis que hizo eclosión en 2001.

Argentina solo podrá aprovechar en el largo plazo este escenario favorable si crea las condiciones necesarias para un aumento sustancial de su capacidad productiva, resguardando al mismo tiempo el consumo interno, especialmente garantizando el de los sectores de menores ingresos.

En este contexto, el Partido Socialista ha promovido en los distintos espacios institucionales en los que participa un conjunto de propuestas no sólo para la resolución del conflicto actual, sino para la formulación de una política agropecuaria de mediano y largo plazo concebida como política de Estado, con el convencimiento de que:

1- El Gobierno Nacional debe, en razón de su mayor responsabilidad institucional, convocar a las cuatro entidades del sector agropecuario a la reanudación del diálogo de forma urgente. Asimismo, tal como lo ha planteado el PS en la Cámara de Diputados de la Nación, es necesario convocar a un Consejo Federal Agropecuario Ampliado que, con la participación de los gobiernos provinciales de la región agropecuaria, organizaciones civiles, sectoriales y las instituciones científico-tecnológicas, se erija como un espacio institucional permanente de debate con un criterio federal.

2- Es necesario reconocer las asimetrías existentes entre los grandes pooles de siembra y pequeños y medianos productores, a través del establecimiento de un esquema de retenciones diferencial y progresivo, que tome en cuenta el tamaño de la explotación agrícola y la producción obtenida. Así lo hemos planteado en el proyecto de ley presentado por el bloque socialista en la Cámara de Diputados.

3- La definición del conflicto debe darse a partir de la formulación concertada e implementación de una verdadera política de Estado en materia agropecuaria para el mediano y largo plazo, hoy inexistente.

4- El conflicto entre el Gobierno Nacional y el sector agropecuario ha desnudado, en el marco de un sistema tributario que se caracteriza no sólo por la fuerte regresividad y asimetría sino también por su diseño fuertemente centralista, un conflicto entre Nación y Provincias respecto a la distribución de la renta nacional. En este marco, el Partido Socialista demanda el inmediato cumplimiento de la ley vigente de Coparticipación Federal en lo que respecta al piso de recursos del 34% sobre el total recaudado que debe se distribuido a las provincias –de acuerdo al proyecto presentado por el bloque socialista en el Senado de la Nación-, y la pronta sanción de una nueva ley de Coparticipación Federal de Impuestos que, en cumplimiento del mandato constitucional, permita la construcción de un federalismo fuerte y el pleno respeto de las autonomías provinciales.

5- El Congreso Nacional es el ámbito institucional para concretar a través de leyes la política a mediano y largo plazo para el sector agropecuario, y al que la Constitución Nacional le ha asignado la atribución de establecer y modificar los tributos nacionales, y por ello es quien debe fijar el esquema y nivel de retenciones a aplicarse para la exportación de granos.

El proceso de concentración de la tierra y de “sojización” no se ha detenido en los últimos años; es necesario por ello una política integral en la materia como lo sostuviera el maestro Juan B. Justo, pionero en el estudio del problema agrario en la República Argentina, a cuya instancia el PS aprobó en 1901 un programa agrario muy avanzado para la época que daría inicio a la legislación agraria argentina. Programa que planteaba el combate contra el latifundio y la concentración de la tierra, junto a la consecuente promoción de una clase de pequeños propietarios, como los elementos centrales en la estrategia socialista para abordar la cuestión agraria que, como en aquella Argentina del capitalismo finisecular, vuelve a plantearse una vez más –al decir de Justo-, como uno de los “problemas más palpitantes de la vida nacional”.

EL AVARO

La distribución de recursos financieros públicos entre la Nación y las provincias es un aspecto central que apuntala la vigencia de un régimen federal de gobierno y de su definición y forma de implementación depende en gran parte el ejercicio efectivo de la autonomía por parte de las provincias.
Un aspecto crítico de esta distribución surge del régimen de Coparticipación Federal de Impuestos actualmente regido por la Ley 23.548. La Constitución Nacional reformada en el año 1994 determina la necesidad de establecer un nuevo régimen de coparticipación bajo las pautas de automaticidad en la remisión de fondos, objetividad en los criterios de reparto, equidad, solidaridad y prioridad en el logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. Estableció asimismo como plazo para su sanción la finalización del año 1996. Pasados once años del vencimiento de dicha imposición constitucional, el país no ha podido arribar a los consensos necesarios para posibilitar la sanción de esta norma.
Esta falencia denota una fuerte debilidad institucional, que conspira contra la construcción de un federalismo fuerte y moderno en la Argentina y socava las autonomías provinciales.
Uno de los pilares centrales del programa económico del gobierno nacional ha sido indudablemente el sostenimiento de un esquema de solidez fiscal evidenciado en la consecución de un importante superávit fiscal primario. Ahora bien, este esquema de solvencia fiscal no significó un cambio en la estructura tributaria regresiva que mantiene nuestro país y se basó en un diseño fuertemente centralizador de los ingresos fiscales en manos del Poder Central.
Así vemos que de los recursos tributarios que ocupan el tercer y cuarto lugar en monto de recaudación, es decir, las retenciones y aranceles a la exportación por un lado, y el impuesto a los débitos y réditos por el otro, su coparticipación a las provincias es mínima. En el primer caso, la coparticipación es “cero peso, cero centavo”, en el otro alcanza sólo el 14,5% de lo recaudado. Estos son factores que explican en parte la reticencia del gobierno nacional a discutir una reforma del sistema impositivo y del régimen de coparticipación.
Por otra parte, como ejemplo de la pérdida de participación de las provincias en los ingresos públicos, podemos destacar que la recaudación total a nivel nacional de ingresos del año 2007, ascendió a $ 199.780 Millones (considerando las contribuciones de seguridad social), de los cuales se coparticiparon por el esquema normado a las provincias $54.676 Millones, que representa solo el 27,37 % porcentaje que nos revela la insuficiente participación, incluso comparado en términos históricos
Asimismo y más allá de mora constitucional, observamos con grave preocupación que el Gobierno Nacional no cumple siquiera con la ley vigente de Coparticipación Federal 23.548 en uno de sus aspectos fundamentales como el referido en su artículo 7, por el cual se determina un piso de recursos sobre el total recaudado –34%- que debe se distribuido a las provincias
En los últimos cuatro años, este incumplimiento de la garantía del 34% ascendió en valores nominales (sin actualización) a la suma de $ 60.566 millones. Si tomamos las cifras solo del año 2007, y a modo de ejemplo, podemos señalar que para la Provincia de Santa Fe la pérdida de coparticipación de acuerdo a los porcentajes vigentes fue de $1.229 Millones, lo que equivale al 10% de su presupuesto anual.
Este panorama de holgura fiscal en la Nación y restricción en las provincias deriva en una perversa dependencia, que el Gobierno Nacional explota a través de transferencias discrecionales a las provincias para paliar sus necesidades. Así, todas las provincias argentinas son fuertemente dependientes de los recursos provenientes del gobierno nacional, con lo cual éste logra imponer criterios que limitan la autonomía provincial en el diseño de políticas públicas locales.
La no sanción de un régimen que contemple de manera única, estable y transparente la distribución de recursos entre la Nación y las provincias sumado al deliberado incumplimiento de la garantía establecida en la ley de coparticipación vigente, favorece la centralización de recursos por parte del Estado Nacional en detrimento de las jurisdicciones provinciales así como incentiva una mayor discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos. Un comportamiento que es más propio de Harapagón, el protagonista de “El Avaro” de Moliere que se queda con todo sin repartir, que de un gobierno preocupado por una distribución más equitativa de la riqueza..