POLÍTICA, JUEGO Y NEGOCIOS
Julián Martel en su novela “La Bolsa” describió a fines del siglo XIX las vinculaciones entre el juego, la política y las finanzas. Eran épocas de enriquecimiento fácil y rápido para quienes estaban alrededor del poder y de vida miserable para los sectores populares. El crack bursátil, la crisis económica y la decadencia del establishment , abrió paso a revueltas populares que tuvieron su síntesis en la Revolución del Parque.
Juan Balestra en su inventario “El Noventa” escribirá: “Ni las ciudades ni los campos, ni las entrañas de la tierra o de las montañas, las artes y las ciencias dejan de ser materia de sociedades anónimas, cuyas acciones se precipitan en la vorágine de la bolsa”.
En su magistral biografía de Juan B. Justo, Dardo Cúneo describirá aquellos años: “Una de las formas decisivas que asumen la colonización capitalista es la especulación desenfrenada. Los capitales son consagrados a la especulación, no se radica en empresas de producción, describen por el contrario la rápida pirueta del juego..” Por el puerto llegan los hombres nuevos… En la ciudad está surgiendo un clamor. Se define contra el unicato que el Presidente de la República ejerce…. Aristóbulo del Valle lo denunció desde su banca en el Senado: “Porque el Presidente de la República interviene personal, individualmente y fuera de la Constitución, en todos los actos de la vida política argentina, porque al Presidente de la República se le consulta para nombrar gobernadores y diputados y el Presidente dice si son o no de su simpatía; porque si se presenta un conflicto como el de Mendoza, la provincia cambia cuatro candidaturas para gobernador, con la anuencia y la consulta previa, por cuatro veces repetida, al Presidente de la República, porque si se trata de elegir un gobernador en Santa Fe, Santiago, Entre Ríos, Catamarca o cualquiera otra provincia argentina, incluso quizás la de Buenos Aires, también se le consulta al Presidente de la República y el Presidente de la República interviene en todas partes en esta forma familiar, incostitucional y violatoria de todos los principios y que suprime totalmente la vida federal”.
Entrando al siglo XX, en aquella Argentina en crisis, la movilización social abrirá el cauce en 1916 al primer gobierno en la historia electo por la voluntad popular.
La historia nunca se repite, sí deja muchas enseñanzas, la primera es que veinticinco años de democracia continuada indican un camino del nunca más a las horribles dictaduras militares que produjeron tanto dolor a millones de argentinas y argentinos y el despojo de nuestras riquezas.
Ezequiel Martínez Estrada quien se definía a sí mismo como “un puritano en el burdel” escribió "Radiografía de la Pampa" luego del golpe de Estado de 1930. Su imagen de puritano la daba al enterarse que el guardaespaldas del Presidente era a la vez levantador de juego. A partir de aquel golpe, el fraude patriótico,los prostíbulos y las mesas de juego que eran la expresión del burdel nacional, amplificaban su significado. En el Senado de la Nación en julio de 1935 un ex comisario, Ramón Valdés Cora, asesinaba a Enzo Bordabehere queriendo matar a quien denunciara el negociado de las carnes con Gran Bretaña, Lisandro de la Torre.
La rueda gobiernos democráticos-golpes de estado se sucedieron a partir de 1930, en 1955, en 1966 y 1976 demostrando siempre, que cada dictadura fué profundizando con respecto a la anterior en represión a los sectores populares y expoliación a los trabajadores y la riqueza nacional.
El país vive una larga transición democrática que terminará el día que asumamos vivir en un país normal. Ese camino debe recorrerse con transparencia y decencia en el manejo de lo público, con creciente participación ciudadana y con avances concretos y cotidianos en la justicia social.
Días pasado el Congreso transformó en ley el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que abre las puertas al blanqueo del lavado de dinero.
Hoy vivimos los tiempos de la globalización donde el tráfico de personas, de armas y de drogas son los delitos más deleznablemente rentables.
Abrir la puerta al blanqueo de capitales sin preguntar de dónde ni de quién vienen es abrir una puerta muy peligrosa, en una realidad donde el juego, la droga y la especulación financiera son moneda corriente.
Política y negocios son dos cuestiones diferentes, confundidas una con otras producen enriquecimiento rápido para algunos empresarios de una parte y para funcionarios públicos de la otra, nunca el bienestar para la sociedad.
La muestra palpable que las políticas neoliberales sólo produjeron mayores desigualdades y mayor miseria a los sectores populares abre una etapa de la necesaria presencia del Estado como regulador del mercado y generador de equilibrio distributivo. Algunos desde el Estado en la búsqueda de mayor acumulación del poder, no sólo borran fronteras con el mercado sino que ingresan en su dinámica y en su lógica: No existe diferencia entre la “caja neoliberal” o la “caja revolucionaria”, cuando los dineros públicos son destinados a otros fines no tiene otro nombre posible: es corrupción. La falta de transparencia aleja a la sociedad del Estado y de la política. La transparencia y la ética en la función pública es el prerrequisito para posibilitar la verdadera palanca de cambio posible en democracia: la participación ciudadana.
Lamentablemente el blanqueo de capitales avanza en la dirección contraria.
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domingo, 28 de diciembre de 2008
miércoles, 28 de mayo de 2008
EL SOCIALISMO ANTE EL CONFLICTO AGROPECUARIO
El país se encuentra atravesando una coyuntura externa altamente favorable en cuanto al valor de sus exportaciones, sin precedentes en los últimos 50 años. En el marco de este contexto, la producción agropecuaria se convirtió en pilar fundamental de la recuperación económica general en la salida de la crisis que hizo eclosión en 2001.
Argentina solo podrá aprovechar en el largo plazo este escenario favorable si crea las condiciones necesarias para un aumento sustancial de su capacidad productiva, resguardando al mismo tiempo el consumo interno, especialmente garantizando el de los sectores de menores ingresos.
En este contexto, el Partido Socialista ha promovido en los distintos espacios institucionales en los que participa un conjunto de propuestas no sólo para la resolución del conflicto actual, sino para la formulación de una política agropecuaria de mediano y largo plazo concebida como política de Estado, con el convencimiento de que:
1- El Gobierno Nacional debe, en razón de su mayor responsabilidad institucional, convocar a las cuatro entidades del sector agropecuario a la reanudación del diálogo de forma urgente. Asimismo, tal como lo ha planteado el PS en la Cámara de Diputados de la Nación, es necesario convocar a un Consejo Federal Agropecuario Ampliado que, con la participación de los gobiernos provinciales de la región agropecuaria, organizaciones civiles, sectoriales y las instituciones científico-tecnológicas, se erija como un espacio institucional permanente de debate con un criterio federal.
2- Es necesario reconocer las asimetrías existentes entre los grandes pooles de siembra y pequeños y medianos productores, a través del establecimiento de un esquema de retenciones diferencial y progresivo, que tome en cuenta el tamaño de la explotación agrícola y la producción obtenida. Así lo hemos planteado en el proyecto de ley presentado por el bloque socialista en la Cámara de Diputados.
3- La definición del conflicto debe darse a partir de la formulación concertada e implementación de una verdadera política de Estado en materia agropecuaria para el mediano y largo plazo, hoy inexistente.
4- El conflicto entre el Gobierno Nacional y el sector agropecuario ha desnudado, en el marco de un sistema tributario que se caracteriza no sólo por la fuerte regresividad y asimetría sino también por su diseño fuertemente centralista, un conflicto entre Nación y Provincias respecto a la distribución de la renta nacional. En este marco, el Partido Socialista demanda el inmediato cumplimiento de la ley vigente de Coparticipación Federal en lo que respecta al piso de recursos del 34% sobre el total recaudado que debe se distribuido a las provincias –de acuerdo al proyecto presentado por el bloque socialista en el Senado de la Nación-, y la pronta sanción de una nueva ley de Coparticipación Federal de Impuestos que, en cumplimiento del mandato constitucional, permita la construcción de un federalismo fuerte y el pleno respeto de las autonomías provinciales.
5- El Congreso Nacional es el ámbito institucional para concretar a través de leyes la política a mediano y largo plazo para el sector agropecuario, y al que la Constitución Nacional le ha asignado la atribución de establecer y modificar los tributos nacionales, y por ello es quien debe fijar el esquema y nivel de retenciones a aplicarse para la exportación de granos.
El proceso de concentración de la tierra y de “sojización” no se ha detenido en los últimos años; es necesario por ello una política integral en la materia como lo sostuviera el maestro Juan B. Justo, pionero en el estudio del problema agrario en la República Argentina, a cuya instancia el PS aprobó en 1901 un programa agrario muy avanzado para la época que daría inicio a la legislación agraria argentina. Programa que planteaba el combate contra el latifundio y la concentración de la tierra, junto a la consecuente promoción de una clase de pequeños propietarios, como los elementos centrales en la estrategia socialista para abordar la cuestión agraria que, como en aquella Argentina del capitalismo finisecular, vuelve a plantearse una vez más –al decir de Justo-, como uno de los “problemas más palpitantes de la vida nacional”.
Argentina solo podrá aprovechar en el largo plazo este escenario favorable si crea las condiciones necesarias para un aumento sustancial de su capacidad productiva, resguardando al mismo tiempo el consumo interno, especialmente garantizando el de los sectores de menores ingresos.
En este contexto, el Partido Socialista ha promovido en los distintos espacios institucionales en los que participa un conjunto de propuestas no sólo para la resolución del conflicto actual, sino para la formulación de una política agropecuaria de mediano y largo plazo concebida como política de Estado, con el convencimiento de que:
1- El Gobierno Nacional debe, en razón de su mayor responsabilidad institucional, convocar a las cuatro entidades del sector agropecuario a la reanudación del diálogo de forma urgente. Asimismo, tal como lo ha planteado el PS en la Cámara de Diputados de la Nación, es necesario convocar a un Consejo Federal Agropecuario Ampliado que, con la participación de los gobiernos provinciales de la región agropecuaria, organizaciones civiles, sectoriales y las instituciones científico-tecnológicas, se erija como un espacio institucional permanente de debate con un criterio federal.
2- Es necesario reconocer las asimetrías existentes entre los grandes pooles de siembra y pequeños y medianos productores, a través del establecimiento de un esquema de retenciones diferencial y progresivo, que tome en cuenta el tamaño de la explotación agrícola y la producción obtenida. Así lo hemos planteado en el proyecto de ley presentado por el bloque socialista en la Cámara de Diputados.
3- La definición del conflicto debe darse a partir de la formulación concertada e implementación de una verdadera política de Estado en materia agropecuaria para el mediano y largo plazo, hoy inexistente.
4- El conflicto entre el Gobierno Nacional y el sector agropecuario ha desnudado, en el marco de un sistema tributario que se caracteriza no sólo por la fuerte regresividad y asimetría sino también por su diseño fuertemente centralista, un conflicto entre Nación y Provincias respecto a la distribución de la renta nacional. En este marco, el Partido Socialista demanda el inmediato cumplimiento de la ley vigente de Coparticipación Federal en lo que respecta al piso de recursos del 34% sobre el total recaudado que debe se distribuido a las provincias –de acuerdo al proyecto presentado por el bloque socialista en el Senado de la Nación-, y la pronta sanción de una nueva ley de Coparticipación Federal de Impuestos que, en cumplimiento del mandato constitucional, permita la construcción de un federalismo fuerte y el pleno respeto de las autonomías provinciales.
5- El Congreso Nacional es el ámbito institucional para concretar a través de leyes la política a mediano y largo plazo para el sector agropecuario, y al que la Constitución Nacional le ha asignado la atribución de establecer y modificar los tributos nacionales, y por ello es quien debe fijar el esquema y nivel de retenciones a aplicarse para la exportación de granos.
El proceso de concentración de la tierra y de “sojización” no se ha detenido en los últimos años; es necesario por ello una política integral en la materia como lo sostuviera el maestro Juan B. Justo, pionero en el estudio del problema agrario en la República Argentina, a cuya instancia el PS aprobó en 1901 un programa agrario muy avanzado para la época que daría inicio a la legislación agraria argentina. Programa que planteaba el combate contra el latifundio y la concentración de la tierra, junto a la consecuente promoción de una clase de pequeños propietarios, como los elementos centrales en la estrategia socialista para abordar la cuestión agraria que, como en aquella Argentina del capitalismo finisecular, vuelve a plantearse una vez más –al decir de Justo-, como uno de los “problemas más palpitantes de la vida nacional”.
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