“TREN BALA: UNA NAVE ESPACIAL TIRADA POR CABALLOS”

“No hay que esperar, ni que desear, que los reyes filosofen ni que los filósofos sean reyes, porque la posesión del poder daña inevitablemente el libre juicio de la razón” Immanuel Kant.

Es evidente que desde cualquier perspectiva que se analice el proyecto de un tren bala en las actuales circunstancias del país suena irrazonable. Lo razonable es recuperar el ferrocarril porque es el sistema de transporte más conveniente en materia económica, social y medioambiental, entre otras. Desarrollar entonces, un sistema ferroviario moderno que integre todo el país, pensado para recuperar la función social que supo tener y la productiva y del turismo que ofrece a futuro es un desafío en un proyecto de nación ajustada a la realidad.

Hace apenas veinte años el sistema ferrovial estatal argentino comprendía 36.000 kilómetros de vías, en la mitad de los cuales se podía transitar entre 80 y 120 Km/h. Las políticas neoliberales de los noventa llevaron a reducir el sistema a sólo un veinte por ciento, es decir quedan sólo 7.000 kilómetros en los que no se puede circular a más de 50 Km/h.

Como consecuencia del desmantelamiento del ferrocarril, 80.000 familias perdieron su fuente de trabajo y un millón de habitantes de localidades del interior emigraron hacia las grandes ciudades.

El ferrocarril, al morir mataba la vida de centenares de pueblos que había hecho nacer.

El gobierno esgrime un argumento para la construcción del tren bala: “no nos costará un peso”, cuando se sabe que la emisión de bonos por parte del estado por varios miles de millones de pesos engrosará nuestra ya impagable deuda externa y terminará como siempre pagada por todos los argentinos.

Ayer, justificaban la privatización argumentando que los ferrocarriles le costaban al estado un millón de dólares diarios. Paradójicamente, los subsidios estatales para el servicio ferroviario en manos de privados superan los 2.500 millones de pesos, es decir, aproximadamente dos millones de dólares diarios. En otras palabras, el estado necesita hoy el doble de dinero para subsidiar el 20% de los ferrocarriles existentes antes de las privatizaciones para que la gente viaje en condiciones deplorables.

Evidentemente, la posesión del poder daña inevitablemente el libre juicio de la razón, o las decisiones se toman no en función del interés de los ciudadanos y del país, sino del gran negocio de los grupos económicos concentrados, siempre “amigos” del poder.

Resulta sorprendente que una serie de cuestiones centrales para la evaluación de la conveniencia de una inversión de esta magnitud, no estén aún definidas: la identificación del futuro operador del servicio, la estimación de las tarifas y la magnitud de los subsidios requeridos.

Más sorprendente aún es que una obra que deberá ser acompañada en su ejecución por varios gobiernos, cuente con el consenso nulo de los distintos sectores políticos y de la mayoría de la población.

El costo de la obra asciende a los 4.000 millones de dólares (se estima que puede llegar al triple de ese valor). Con 4.000 millones de dólares se podrían reponer 7.000 Km. de vías en los cinco corredores ferroviarios del interior del país y 12.000 Km. de ramales de carga.

Reparando la actual infraestructura de vías, con un tren diesel convencional se puede unir Rosario con Buenos Aires en un tiempo competitivo con el avión.

El Tren de Alta Velocidad funciona en muy pocos países desarrollados, ya que requiere del respaldo de un conjunto de desarrollos tecnológicos para su correcto funcionamiento. Sistema que funciona con gran demanda de energía en el marco actual de insuficiencia y crisis energética, y con altos subsidios del estado con el objeto de sostener tarifas a niveles competitivos con el transporte aéreo. Por ello justifica su alta inversión en tramos en que se transporta en promedio entre 6 y 9 millones de pasajeros anuales. Todas y cada una de estas cuestiones inexistentes en Argentina.

Para la realidad de nuestro país resulta claro que el Tren Bala, más que un “salto a la modernidad” sería una nave espacial tirada por caballos.

EL CONFLICTO AGROPECUARIO Y LA CAJA DE PANDORA

En la mitología griega, Pandora, fue la primera mujer sobre la Tierra, creada por el dios Vulcano a pedido de Zeus, quien deseaba contrarrestar la bendición del fuego que el Titán Prometeo le había robado a los dioses para entregárselo a los seres humanos. Pandora, dotada por los dioses de todos los atributos de la belleza y la bondad, fue enviada a Epimeteo, quien se sintió feliz de tenerla como esposa, aunque su hermano Prometeo le había advertido que no aceptase nada que viniese de Zeus.

Al ofrecer sus presentes a Pandora, los dioses le habían dado una caja, advirtiéndole que nunca la abriera. Su curiosidad, sin embargo, le hizo abrir la misteriosa caja, de la que brotaron innumerables males para la humanidad. Aterrorizada, intentó cerrarla, pero sólo quedaba Esperanza, lo único bueno entre los muchos males que contenía la caja para confortar a la humanidad en sus infortunios.

La Resolución 125 que disparó el conflicto entre el gobierno nacional y el sector agropecuario, abrió la “caja de Pandora” de cuyo interior brotaron cuestiones que no estaban en la agenda del gobierno y pasaron a ser de imprescindible debate de toda la sociedad: la regresiva distribución del ingreso, la inequitativa relación tributaria entre la Nación y las provincias y la metodología de concentración de poder a través de fondos públicos, además de la cuestión agropecuaria en sí misma.

Las retenciones son una herramienta de política económica para desacoplar los precios internos de los precios internacionales (también la aplican Ucrania y Rusia en cereales, Colombia y Guatemala en el café, etc.)y, para capturar una venta coyunturalmente extraordinaria privada por parte del Estado.

Las retenciones deben ser segmentadas y progresivas para no dar igual tratamiento al pool de siembra que al mediano y pequeño productor. En sí, no son progresistas; lo progresista en materia tributaria es bajar el IVA (impuesto indirecto al consumo que aportan fundamentalmente los sectores populares) y aumentar más el impuesto a las ganancias y a las rentas (impuestos directos que gravan a los que más tienen y más ganan). Sólo con una reforma tributaria en dicha dirección nuestro país saldrá de uno de los lugares peores en el mundo y dejará de tener una estructura anacrónica, centralista y regresiva.

Y la cuestión de la distribución del ingreso entró en el debate, porque en una Argentina que creció cinco años continuados al 9% del PBI, es decir que produjo mucha riqueza, la brecha de desigualdad se mantuvo en casi inalterables parámetros. Según datos oficiales, la brecha entre el 10% más rico y el 10% más pobre de la población es hoy de 28,7 veces, cuando hace 10 años era de 22,8 veces y en 1975 –antes que comenzara el cuarto de siglo neoliberal y la dictadura militar-, era de sólo 9,5 veces.

A contramano del discurso oficial, la actual situación favorece la concentración de la tierra y la “sojización”. Mientras cada año se alcanzan cosechas récord, la cantidad de productores disminuyó un 25%. La tendencia concentradora se agudiza: 2000 empresas controlan el 80% de la producción y, tres grandes empresas controlan más de la mitad de los embarques de granos, aceites y harinas. En los últimos cinco años aumentó la sojización y la tendencia al monocultivo se fortalece ante la inexistencia de políticas oficiales en apoyo y fomento de los cultivos alternativos, a actividades tradicionales como la lechería o a las economías regionales.

La motivación de la Resolución 125 fue claramente fiscal, derivada del crecimiento descontrolado del esquema de subsidios y de los vencimientos de la deuda externa. No estuvo entonces comprendida en una estrategia para el sector agropecuario que se asentara en el favorable contexto internacional y desarrollara una política sustentable a mediano y largo plazo, sobre todo para los pequeños y medianos productores y las economías regionales.

Las retenciones coparticipan a las provincias CERO PESOS CERO CENTAVOS. Esto explica en parte que hoy el gobierno nacional incumpla la ley de coparticipación federal que establece un piso de distribución del 34% de la masa total de recursos (se encuentra en sólo el 27% para las provincias cuando hace 10 años era del 60%).

Superávit fiscal alto en la Nación y déficit creciente en las provincias tienen estrecha relación entre sí.

Los derechos aduaneros formaron parte del debate mismo de la unidad de la Nación desde los tiempos de nuestra independencia y su federalización - lograr que dejen de ser el monopolio de Buenos Aires- se realizó en beneficio del interés de todo el país, es decir de todo su interior.

Finalmente, la cuestión de la metodología del gobierno nacional que concentra poder, disciplinando a través de los fondos públicos, se enlaza con la distribución inequitativa de los recursos. Por ello adquiere entidad la rejerarquización del Parlamento, o dicho de otro modo que finalice un “delegacionismo” de facultades que son propias del Congreso y que hoy concentra el Poder Ejecutivo debilitando así a la democracia.

“Esperanza” era entonces, según la mitología , quien podía alejar los infortunios. El conflicto agropecuario, de cuatro meses de duración, deja muchas lecciones para todos. El gobierno nacional – que fue quien más perdió- debe cambiar y marcar una agenda clara que se necesita para empezar a ser un país normal. La transparencia en el manejo de los dineros públicos y una mayor justicia social son puntos de referencia en un camino que desande el consenso perdido.

Las hegemonías construidas sólo a fuerza de concentración de fondos públicos, sin equidad, parecen omnipotentes pero son efímeras, porque cómo lo demostró Misiones, terminan cuestionadas socialmente, es un gran elefante con pie de barro.

El país y nuestro pueblo reclaman más democracia, es decir más igualdad, más libertad y más participación.

EL SOCIALISMO ANTE EL CONFLICTO AGROPECUARIO

El país se encuentra atravesando una coyuntura externa altamente favorable en cuanto al valor de sus exportaciones, sin precedentes en los últimos 50 años. En el marco de este contexto, la producción agropecuaria se convirtió en pilar fundamental de la recuperación económica general en la salida de la crisis que hizo eclosión en 2001.

Argentina solo podrá aprovechar en el largo plazo este escenario favorable si crea las condiciones necesarias para un aumento sustancial de su capacidad productiva, resguardando al mismo tiempo el consumo interno, especialmente garantizando el de los sectores de menores ingresos.

En este contexto, el Partido Socialista ha promovido en los distintos espacios institucionales en los que participa un conjunto de propuestas no sólo para la resolución del conflicto actual, sino para la formulación de una política agropecuaria de mediano y largo plazo concebida como política de Estado, con el convencimiento de que:

1- El Gobierno Nacional debe, en razón de su mayor responsabilidad institucional, convocar a las cuatro entidades del sector agropecuario a la reanudación del diálogo de forma urgente. Asimismo, tal como lo ha planteado el PS en la Cámara de Diputados de la Nación, es necesario convocar a un Consejo Federal Agropecuario Ampliado que, con la participación de los gobiernos provinciales de la región agropecuaria, organizaciones civiles, sectoriales y las instituciones científico-tecnológicas, se erija como un espacio institucional permanente de debate con un criterio federal.

2- Es necesario reconocer las asimetrías existentes entre los grandes pooles de siembra y pequeños y medianos productores, a través del establecimiento de un esquema de retenciones diferencial y progresivo, que tome en cuenta el tamaño de la explotación agrícola y la producción obtenida. Así lo hemos planteado en el proyecto de ley presentado por el bloque socialista en la Cámara de Diputados.

3- La definición del conflicto debe darse a partir de la formulación concertada e implementación de una verdadera política de Estado en materia agropecuaria para el mediano y largo plazo, hoy inexistente.

4- El conflicto entre el Gobierno Nacional y el sector agropecuario ha desnudado, en el marco de un sistema tributario que se caracteriza no sólo por la fuerte regresividad y asimetría sino también por su diseño fuertemente centralista, un conflicto entre Nación y Provincias respecto a la distribución de la renta nacional. En este marco, el Partido Socialista demanda el inmediato cumplimiento de la ley vigente de Coparticipación Federal en lo que respecta al piso de recursos del 34% sobre el total recaudado que debe se distribuido a las provincias –de acuerdo al proyecto presentado por el bloque socialista en el Senado de la Nación-, y la pronta sanción de una nueva ley de Coparticipación Federal de Impuestos que, en cumplimiento del mandato constitucional, permita la construcción de un federalismo fuerte y el pleno respeto de las autonomías provinciales.

5- El Congreso Nacional es el ámbito institucional para concretar a través de leyes la política a mediano y largo plazo para el sector agropecuario, y al que la Constitución Nacional le ha asignado la atribución de establecer y modificar los tributos nacionales, y por ello es quien debe fijar el esquema y nivel de retenciones a aplicarse para la exportación de granos.

El proceso de concentración de la tierra y de “sojización” no se ha detenido en los últimos años; es necesario por ello una política integral en la materia como lo sostuviera el maestro Juan B. Justo, pionero en el estudio del problema agrario en la República Argentina, a cuya instancia el PS aprobó en 1901 un programa agrario muy avanzado para la época que daría inicio a la legislación agraria argentina. Programa que planteaba el combate contra el latifundio y la concentración de la tierra, junto a la consecuente promoción de una clase de pequeños propietarios, como los elementos centrales en la estrategia socialista para abordar la cuestión agraria que, como en aquella Argentina del capitalismo finisecular, vuelve a plantearse una vez más –al decir de Justo-, como uno de los “problemas más palpitantes de la vida nacional”.