En su célebre
“Declaración de los derechos de la Mujer y de la Ciudadana”, redactada en 1789
para ser decretada por la Asamblea Nacional, Olympe de Gouges rechaza la
exclusión cívica de las mujeres basada en los prejuicios de su naturaleza,
diciendo que “La mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Las
distinciones sociales solo pueden estar fundadas en la utilidad común”. Por su
“Declaración”, Robespierre ordenó guillotinarla el 7 de noviembre de 1793 “por
el delito de haber olvidado las virtudes de su sexo para mezclarse en los
asuntos de la república”.
Cien años después,
otra de las feministas francesas más audaces, Hubertine Auclert, le escribió en
1880 una carta al prefecto, rechazado pagar sus impuestos hasta que pudiera
votar: “Yo dejo a los hombres que se arrogan el poder de gobernar, el
privilegio de pagar los impuestos que votan y se reparten a su gusto. Yo no
tengo derechos, entonces no tengo cargas, yo no voto, yo no pago”.
La exclusión de las
mujeres de la esfera política tiene perfecta sintonía con la concepción
tradicional de la relación entre los sexos. Si bien la Revolución Francesa
significó un quiebre claro con la sociedad de antiguo régimen, en donde se
remplazan los lazos de sangre de la antigua aristocracia como criterio de
promoción política por la igualdad de los hombres, se mantuvo incólume para las
mujeres el rol acorde a los prejuicios sobre la naturaleza femenina.
Desde hace más de
doscientos años, las mujeres de todo el mundo luchan por la igualdad. Primero fue
el derecho al sufragio, luego a estudiar, a trabajar y por obtener derechos
civiles iguales a los hombres. Sin embargo, las mujeres siguen todavía
habitando un mundo en donde el ideario francés de igualdad, libertad y fraternidad
es aún una utopía.
En nuestra región,
América Latina, las luchas feministas y el accionar de los diversos movimientos
de mujeres han jugado un rol fundamental en la paulatina eliminación de los
estereotipos sexistas y en la discriminación hacia las mujeres. No obstante, se
observan condiciones estructurales inamovibles que imposibilitan la igualdad
real de oportunidades entre varones y mujeres.
Así como la Ley de
Cupos significó un avance significativo para la incorporación de un porcentaje mayor
de mujeres legisladoras y transformó la
agenda parlamentaria en un sentido positivo, es necesario avanzar hacia la
paridad, no solo en el parlamento sino en los tres poderes del estado, en los
tres niveles del estado, y también en los partidos políticos y sindicatos.
En un Estado social y
democrático de derecho, no cabe neutralidad al decidir el contenido de las
normas, ni tampoco al aplicarlas. En uno y otro momento el objetivo utópico
debe ser la igualdad y la erradicación de las desigualdades y de las prácticas
sociales discriminatorias.
Nuestra democracia ha
cumplido ya 30 años, el período más largo de nuestra historia política. Remover
los obstáculos culturales y cotidianos
que tienen las mujeres para participar en condiciones igualitarias a los
varones en todos los ámbitos del espacio público es la asignatura pendiente
para avanzar en la profundización de nuestra joven democracia, para afianzarla
y para concretar una sociedad más justa y más igualitaria.
