Se ha instalado, como en otras
oportunidades, el debate sobre la baja de la edad de la imputabilidad de los
menores. Y como en tantas otras oportunidades el debate se da mal,
intencionadamente. Alguna vez se dio ante un hecho dramático, hoy se dispara
por necesidades electorales de candidatos para congraciarse con la opinión
pública y subir algún punto en las encuestas.
El socialismo se opone a la baja
de la edad de imputabilidad, porque los menores, precisamente por serlo,
necesitan un tratamiento diferenciado de los mayores. El socialismo impulsa un
Régimen Especial Juvenil de tratamiento del delito que no los exime de
responsabilidad y sí establece jueces y fiscales especiales, institutos
especiales y penas acordes a su realidad, como lo aprobamos en el Senado y
nunca quiso tratarlo el oficialismo en la Cámara de Diputados. Llama la atención que sea el
mismo oficialismo el que hoy dispara el debate.
Nuestro país se comprometió, por
ser firmante de la Convención
de los Derechos del Niño, a sancionar un Régimen Especial Juvenil y a designar
al Defensor de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes; además de este
incumplimiento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó al
Estado Argentino por tener a dos jóvenes de 16 años en cadena perpetua con un
régimen vigente de la época de la dictadura.
Argentina padece un profundo
problema de exclusión social que se refleja en millones de jóvenes que no
estudian ni trabajan, y viven en condiciones de marginalidad, privados
absolutamente de todo. El verdadero problema se asume atacando sus causas. Para
ser duros con las causas del problema debe haber un fuerte y mayor compromiso
en el desarrollo de políticas de estado nacionales, provinciales y municipales
hacia la adolescencia y la juventud a través de la educación, la cultura la
salud y el trabajo.
Ningún pibe nace chorro, como
dice la canción, “un mimo y un libro a tiempo puede más que tu temor”
