En la cuestión de las offshore no hay grieta: el gobierno anterior firmó el Contrato YPF-Chevron estructurado en empresas offshore radicadas en paraísos fiscales, y el gobierno actual continúa —sin ninguna diferencia— con la misma práctica opaca.
El Contrato YPF-Chevron en realidad no lo
firmaron estas dos empresas, tal como se diera a conocer en julio del 2013,
sino entre YPF ShaleOilInvestiment I (subsidiaria offshore de YPF en el Estado de Delaware en los EEUU) y
ChevronOverseasFinance I Limited (subsidiaria offshore de Chevron en Bermudas). Tampoco resultó una inversión
directa de Chevron en Argentina como con bombos y platillos se anunció, sino un
préstamo que la offshore de Chevron
le hizo a la offshore de YPF.
El Contrato YPF-Chevron para explotar los
yacimientos de gas y de petróleo de Vaca Muerta en la Provincia de Neuquén a
través del método del fracking se
estructura mediante una serie de empresas offshore:
WoklerInvestment S.A. en Uruguay, YPF ShaleOil Holding LTD en Bermudas e YPF
ShaleOilInvestment II LLC en Delaware, Estados Unidos, además de las
mencionadas anteriormente.
El hecho de que esta explotación se realice
de esta extraña manera nunca fue debidamente fundamentado. F. Obermaier y B.
Obermayer en su riguroso trabajo de investigación publicado bajo el título “Panamá
Papers” sostienen que “offshore no
solo equivale a evasión de impuestos indeseados, también implica evasión de
leyes, normas o deberes no deseados”.
En el abordaje del tema en nuestro país
ante la aparición de empresas offshore
pertenecientes a funcionarios y empresarios en los Panamá Papers y en los
Paradise Papers—descripta por el brillante trabajo realizado por los y las
periodistas argentinos pertenecientes al Consorcio Internacional de Periodistas
de Investigación (ICIJ)— se escucha recurrentemente a quienes sostienen que
tener una empresa offshore es algo
legal, que no necesariamente es un ilícito recurrir a estos extraños mecanismos
financieros para realizar una actividad económica.
Lo curioso en el caso en cuestión es que
sea una empresa como YPF, que posee mayoría estatal y está sostenida por el
esfuerzo de todos los argentinos, quien la realice. El 51% de la propiedad de
YPF pertenece al Estado; sin embargo, es una sociedad anónima y el 49% restante
tiene presencia de diferentes inversores privados, de los cuales la mayoría son
fondos de inversión. Un dato saliente de estos fondos de inversión es que la
mayoría de los mismos están radicados en paraísos fiscales. Incluso suman una
cantidad exorbitante de estructuras offshore
conformadas en dichos paraísos. Por ejemplo, Morgan Stanley cuenta con 735
estructuras offshore, LazardAsset con
91. Es decir, la utilización de empresas offshore
radicadas en paraísos fiscales se manifiesta como una característica de YPF que
parece responder más a las necesidades de los fondos de inversión que a una
estrategia de desarrollo energético que favorezca a la Argentina. Cabe preguntarse entonces cuáles son los
motivos por los que la principal empresa del país controlada por el Estado
utilice estas prácticas y este modelo que tiene un papel preponderante en uno
de los problemas más importantes de la economía argentina: la fuga de capitales
y la elusión fiscal.
El ex Primer Ministro de Gran Bretaña James Gordon Brown dijo en conferencia de prensa días pasados que en la próxima reunión del G20 a realizarse próximamente en Buenos Aires le entregará una carta al presidente Mauricio Macri para terminar con los paraísos fiscales y las offshore en el mundo. “Hace ocho años—dice Gordon—, el G20 acordó que iba a terminar con estas prácticas. Te llamamos a que actúes inmediatamente a finalizar con los paraísos fiscales”.
Será interesante conocer la respuesta del presidente de nuestro país.
