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domingo, 22 de noviembre de 2009

POLITICA CRIOLLA



Como en el libro de Roberto Payró “Pago Chico”, la sempiterna política criolla aparece en toda su dimensión con el intento de imposición de la Reforma Política por parte del gobierno nacional. El mismo, descorriendo el velo de todas las puestas en escena que comenzaron con el diálogo político, tiene un solo y único objetivo: quedarse en el poder más allá de 2011.

El intento de perpetuación del elenco gobernante contrasta con la realidad de nuestros vecinos brasileños, uruguayos y chilenos. Lula con más del 70% de popularidad rechazó la posibilidad de cambiar las reglas de juego para intentar reelegirse. Tabaré Vázquez con los mismos índices positivos rehusó siempre el cambio de la Constitución para intentar un segundo mandato. Bachelet con 80% de imagen positiva ni siquiera consideró la posibilidad de presentarse de candidata porque la ley se lo prohibe.

Aquí, como en “Pago Chico”, la viveza criolla desarrolla creatividad para vulnerar esa valla infranqueable en democracia que es la voluntad popular. La realidad refleja que la sociedad tiene una imagen negativa del actual gobierno y expresa niveles todavía mayores de rechazo al ex presidente Néstor Kirchner.

Toda la ingeniería electoral pergeñada por esta Reforma obtura la posibilidad de nuevas alternativas, reclamo principal de una sociedad fatigada de la dirigencia tradicional que en más de dos décadas de democracia no supo, no pudo o no quiso mejorar la vida de las condiciones de vida de los sectores populares.

Además, la reforma eleva la exigencia de afiliados para constituir partidos políticos para presentarse a la elección y aumenta los pisos de votación en las internas abiertas para seleccionar candidatos, requisitos ambos claramente proscriptitos. Concentra el manejo del proceso electoral en el ministerio del Interior quitándoles facultades a la justicia y al Congreso, poniendo de manera alarmante al gobierno nacional como juez y parte de una elección que debiera garantizar transparencia, neutralidad e igualdad para todos los candidatos. No contempla una boleta única, ni voto electrónico, como existe – no en los países nórdicos, sino en lugares más próximos- en Brasil, Venezuela, Chile o México.

Esta Reforma Política así planteada es proscriptiva, tendenciosa y reaccionaria. Es funcional a las necesidades de un solo sector político y atrasa en relación a las nuevas exigencias de la sociedad en los tiempos actuales.

Las reglas de juego de la democracia son al decir de Norberto Bobbio “las reglas del juego democrático”, porque si no se preserva, fomenta y desarrolla la libre expresión de la voluntad ciudadana, se deteriora peligrosamente la democracia misma.

Argentina comenzó a salir de la “política criolla”, del “fraude patriótico” con la Ley Sáenz Peña que introdujo el voto secreto. Avanzó con la incorporación del voto femenino en 1951. La reforma a la Constitución Nacional en 1994 prohibió expresamente el dictado de decretos de necesidad y urgencia en materia electoral y de partidos políticos y requirió leyes con mayorías especiales para su sanción, es decir, obliga a la búsqueda de consensos de todas las fuerzas políticas.

Hoy el oficialismo avanza sólo, intentando sacar de apuro una ley sin acuerdo de ningún sector de la oposición, es decir, impone una reforma política monocolor acorde a sus necesidades de perpetuación.

La sociedad ya demostró en distintas oportunidades en democracia que cuando hay vientos fuertes de cambio no hay alquimias, candidaturas testimoniales, manipulaciones electorales que impidan esos cambios. Otras veces – como en el 2001- expresó su protesta más cercana a la actitud nihilista que José Saramago desarrolla sorprendentemente en “Ensayo sobre la lucidez”, donde durante las elecciones municipales de una ciudad sin nombre, la mayoría de sus habitantes decide no ir a votar en actitud de protesta.

El ciclo kirchnerista aparece ciertamente agotado.

Se trata entonces de recrear una alternativa progresista real que transite un camino cierto de justicia, igualdad y libertad para nuestro pueblo.

jueves, 24 de septiembre de 2009

EL FIN NUNCA JUSTIFICA LOS “MEDIOS”.

Si algo caracteriza a la democracia es la estrecha relación entre medios y fines: el fin nunca justifica cualquier medio. Las dictaduras, siempre, afirmaron lo contrario: en nombre del fin se justifican los medios más atroces.

La legislación vigente en materia de radiodifusión es el bando militar 22.285 de 1980, que fue modificado por más de 200 normas sancionadas durante gobiernos democráticos. Sólo en 9 ocasiones las modificaciones se hicieron por ley, otras 80 veces por decreto, y las 128 restantes por decisiones administrativas.

Todas (o casi todas) las modificaciones tuvieron una misma lógica: el poder económico logró concesiones de los gobiernos de turno para extender sus millonarios negocios en la materia, produciéndose así un proceso creciente de concentración de los medios en pocas manos. Hubo en estos 26 años de democracia, dos concesiones paradigmáticas. La primera de ellas fue la modificación del art. 45 de la ley de radiodifusión realizada en 1989 por el gobierno de Carlos Menem, que permitió a los titulares de los diarios acceder a los medios audiovisuales, posibilidad hasta entonces vedada, cuyo resultado fue la constitución de los llamados “multimedios”. La otra, la infundada y graciosa extensión por diez años más del plazo de las licencias concedidas a los medios televisivos y radiales, realizada por Néstor Kirchner a través del decreto 527 del año 2005. En ambos casos, el mayor beneficiario fue el multimedio que hoy el gobierno nacional aparenta combatir con el proyecto enviado al Congreso.

La sociedad argentina necesita una ley que garantice la libertad de expresión, y el pluralismo informativo y la diversidad de voces que son inherentes a ella. En otras palabras, la democracia argentina reclama poner fin a la discrecionalidad vigente, que obvio decirlo, la actual realidad normativa permite. El COMFER tiene hoy un interventor porque si se cumpliera el bando militar vigente, su directorio estaría integrado por miembros de las fuerzas armadas, cuestión hoy absurda. Esa es entonces la razón/justificación/excusa para que en realidad en materia de radiodifusión decida quien está en ejercicio de la presidencia de la nación. De esta forma, con un simple DNU se podría hoy extender graciosamente por más años las licencias, o entregar frecuencias de radio y TV con absoluta discrecionalidad.

Las exageraciones que hoy se ven y escuchan en el marco de la guerra desatada–“que es el fin de la libertad de expresión”, “que se consuma un sistema totalitario”, “que no se podrán ver más algunos canales”, “que no se escuchará más rock”, entre otros muchos absurdos-, no hacen más que afianzar la necesidad de sancionar una nueva ley que avance hacia un proceso de democratización de los medios en la República Argentina que permita –como sucede en las legislaciones de Estados Unidos e Inglaterra, entre otros países- desconcentrar la propiedad, descentralizar la producción de contenidos y fomentar la diversidad de medios y la pluralidad de la información. En definitiva, una norma que plasme una idea de radiodifusión como servicio público esencial para la población, y no como un negocio para unos pocos, ni para el control por parte del Estado de la necesaria pluralidad de opiniones.

En esto simplemente se expresa el sentido de la posición socialista.

martes, 8 de septiembre de 2009

LA GRAN PIÑATA

Al finalizar los cumpleaños de niños, cuando se rompe la piñata de la cual caen caramelos y golosinas, la expresión habitual de los mayores es “no vale hacer remerita”. Esto es así porque algunos pícaros se valen de la remera utilizada a manera de una bolsa para que caiga allí la mayor cantidad de caramelos y golosinas, método mucho más rápido que recoger del piso uno a uno.

Cuando se repasan detenidamente los artículos 152, 38 y 25 del proyecto oficial de Medios Audiovisuales, surge de la combinación de los mismos una fenomenal “piñata” que no hay que tener demasiada imaginación para saber quién hará “la remerita”.

El artículo 152 establece que el plazo de un año para la adecuación de los actores a las prescripciones de la nueva ley (cantidad máxima de licencias, composición societaria, etc) no se computará a partir de la sanción de la ley sino “desde que la autoridad de aplicación establezca los mecanismos de transición”, es decir desde que lo establezca el propio gobierno.

El artículo 38 establece una serie de restricciones que obligarán a varios grandes medios a desprenderse de muchas licencias y empresas, hecho en sí positivo. Pero al mismo tiempo, ya se especula en qué manos pueden caer las mismas, a precios devaluados. Algún ejemplo paradigmático de esta práctica ya lo podemos encontrar en la venta de acciones de YPF.

Y la combinación se cierra con el artículo 25, que habilita el acceso a las telefónicas al negocio del cable, y quienes a la luz de las restricciones a la participación de capital extranjero establecidas en la Ley de Bienes Culturales de 2003 y en el inciso IV del mencionado artículo, deberán asociarse con “inversores nacionales”.

La autoridad de aplicación, en razón de la composición mayoritaria del Ejecutivo (3 sobre 5), habilita a algún funcionario a “hacer la remerita”, con la consecuencia directa que esta ley no será la ley de la democracia que nos debemos los argentinos, una norma que garantice la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la información –derechos humanos consagrados en la Constitución Nacional-, sino que resultará fundamentalmente un gran negocio para unos pocos amigos del poder.