Algunos lo
recuerdan, muchos quisieran que se olvide para siempre. El 26 de marzo de 1992,
la Cámara de Diputados de la Nación aprobaba la privatización de Gas del Estado
a través de uno de los más grandes hechos delictivos en la historia del
Congreso de la Nación: el caso del DIPUTRUCHO.
El menemismo, al no
conseguir el quorum reglamentario, sentó en una banca vacía a un anciano asesor
del diputado Julio Maguid y aprobó así escandalosamente la privatización de Gas
del Estado
Gas del Estado, que
era en ese momento la tercera empresa de explotación de gas en el mundo, se desmantelaba
por orden del Banco Mundial y en sintonía con los preceptos del “Consenso de
Washington” era entregaba a empresas extranjeras, retirando al Estado de su
responsabilidad
La tragedia de mi
ciudad, junto al dolor y las inconmensurables muestras de solidaridad, pone en
foco el tema de las responsabilidades.
En aquella
oportunidad, la de la sesión trucha, la ley ni siquiera se anuló, y el único
preso fue el anciano que se sentó en la banca, el diputrucho.
Frente a esta terrible
tragedia que enluta a Rosario, y junto a la prioridad que expresa la necesaria
respuesta desde el Estado hacia los damnificados (muchos de los cuales han
perdido todo), la justicia debe desentrañar toda la cadena de responsabilidades
de la tragedia, que ha desnudado una vez más la falta de controles adecuados y
el accionar en muchos casos negligente e irresponsable de las empresas
prestadoras de servicios públicos esenciales.
